Previsible: postergan licitación del Correo

Francisco Macri

El gobierno, confirmando su intención de no reprivatizar la empresa, postergó nuevamente -esta vez por cinco meses- la licitación por el Correo Argentino, que volviera a manos del Estado luego de que el 19 de noviembre de 2003 se cancelara la concesión a la empresa Correo Argentino SA (CASA).

Además del efecto sobre el mercado postal, esta medida indicaría cuál será el camino a seguir en caso de que la francesa Suez decida abandonar la concesión de Aguas Argentinas, lo que podría suceder la primera semana de febrero.

La concesionaria tenía como accionista principal al grupo SOCMA, que capitanea Francisco Macri. La prórroga fue dispuesta en el Decreto 1.758/05 firmado por Néstor Kirchner, norma que fija el 30 de junio de 2006 la fecha para el llamado a licitación; se trata de la tercera vez que se pospone esta convocatoria a reprivatizar el servicio de correo oficial.

La anulación de la concesión había sido dispuesta en otro decreto, el 1.075/03, donde se fijaba en 180 días el período que se tomaría el Estado para la reprivatización. Sin embargo, otra norma -junio de 2004- prolongó en 180 días más el período de la intervención oficial.

Como un año y medio no alcanzaron, en el 14 de junio de 2005 se dictó un tercer decreto (el 635/05), que le renovaba la tenencia del Correo al Estado que debía vencer a fin de enero. Pero como el gobierno no parece dispuesto a devolver a manos privadas la operatoria del Correo, ese plazo se extendió ayer hasta el 30 de junio, con lo que -de no mediar una nueva prórroga, no demasiado difícil de prever dados los antecedentes- el Estado habrá operado el Correo desde noviembre de 2003 hasta junio de 2006, o sea unos dos años y ocho meses.

El único fundamento contenido en los considerandos del decreto de ayer (al margen de la enumeración de los decretos anteriores) es que «las razones tenidas en cuenta para la adopción de la mencionada medida se mantienen a la fecha, por lo que se estima conveniente fijar un nuevo plazo para la realización del procedimiento licitatorio en cuestión».

Podría echarse mano, entonces, al viejo adagio de «A confesión de parte, relevo de prueba»: el interventor Eduardo Di Colla está admitiendo que no le alcanzaron dos años y tres meses para poner a la empresa en condiciones de llamar a licitación. La otra, obvia, conclusión es que no parece el gobierno demasiado interesado en apurar estos tiempos.

• Acciones judiciales

Cabe recordar además que la disolución del vínculo entre el Estado y el concesionario fue traumática: CASA inició diversas acciones judiciales y administrativas para recuperar no sólo la operación del Correo sino también reclamando que se le reconozca la inversión de más de u$s 600 millones que -asegura- hizo en la empresa desde 1997 hasta noviembre de 2003. El contrato preveía que el concesionario invirtiera al menos u$s 25 millones anuales durante los primeros diez años.

A su vez el Estado adujo diversos incumplimientos contractuales (entre ellos una deuda por cánones impagos de más de $ 450 millones; el contrato preveía un canon de 102 millones de pesos/ dólares y se abonó hasta 2000) como razón para cancelar la concesión. Sin embargo, SOCMA siempre afirmó que había dejado de pagar porque el Estado también había incumplido «promesas» (nunca escritas, es cierto) de « emparejar» el mercado postal permitiéndole a CASA aplicar las mismas condiciones contractuales a su personal que los de la competencia (OCA tiene un convenio con los camioneros de Hugo Moyano muy diferente del de los telepostales) y también eliminar la competencia de los correos «truchos» e ilegales.

• Privilegio

Al margen de la voluntad o no del Estado por conservar la empresa bajo su férula, llamar a licitación en las actuales condiciones resultaría casi imposible, dada la maraña de juicios y acciones cruzadas entre Estado y empresa. Una de ellas es el reclamo de CASA de que se le restituya la propiedad de su centro de distribución en Monte Grande; otra, es cómo estando en concurso preventivo, el Estado (accionista además de acreedor) tomó una posición de privilegio respecto de los demás acreedores al hacerse de la empresa.

Finalmente Macri no parece demasiado interesado en avanzar en este contencioso ni en encrespar su relación con el gobierno: está a la espera de que el Presidente y su secretario de Transporte le dé vía libre a su negocio ferroviario, o sea la explotación del Belgrano Cargas con socios como el chino Shi Keron y las locales Grupo Roggio y Ferrovías.