Privatizadas ahora presionarían con los juicios en el CIADI

Julio De Vido

La decisión de saldar la deuda con el Fondo Monetario no cambiará la política del gobierno hacia las privatizadas de servicios públicos, pero ratifica su continuidad, desalentando algunas expectativas en sentido contrario. Esta situación puede derivar en el retiro de más operadoras extranjeras y la transferencia a fondos de inversión. También podría verse mayor predisposición a fallar contra la Argentina en los juicios entablados por las privatizadas contra el Estado nacional en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

Durante el fin de semana, el presidente Néstor Kirchner dijo que una de las ventajas de pagarle al Fondo es que se evitará la presión por aumento de tarifas. No obstante, no hay ajustes tarifarios desde que se salió de la convertibilidad, en enero de 2002, y ya desde hace dos o tres semanas, el ministro Julio De Vido dijo que tampoco durante 2006 habrá subas para las casas de familia.

• Freno

Se sospecha que incluso se pondrá cierto freno a las alzas que ya están acordadas con algunas empresas como Gas Natural Buenos Aires Norte, Edenor y Edesur, aunque no afectan a las casas de familia, porque quiere evitarse que las industrias trasladen el mayor costo energético a los precios y esto repercuta en la inflación.

En principio, la decisión de no aumentar tarifas a residenciales el año próximo podría afectar a la transferencia de la mayoría de las acciones de Aguas Argentinas a los fondos Fintech y Latin American Assets Management. Pero también es cierto que el gobierno prefiere que la venta se concrete, sobre todo porque para autorizarla, exigiría que Suez desista de litigar contra el Estado nacional.

La estrategia de dejar las cosas como están, retaceando los ajustes y las renegociaciones de los contratos, y esperando que el endeudamiento que tomaron las empresas en dólares en la década del '90 se resuelva al margen de los ingresos actuales, puede generar que se repita el caso Edenor o el más reciente de MetroGas.

En la distribuidora de luz, Electricité de France dejó de ser el principal accionista y vendió la mayoría de las acciones al grupo Dolphin, fondo de inversión cuya cabeza es el argentino Marcelo Mindlin, pero que nuclea a inversoresexternos. En MetroGas, dos fondos británicos, Ashmore y Marathon, se quedaron con parte de las acciones porque habían comprado previamente la deuda de Gas Argentino SA, la controlante de la distribuidora cuyas acciones se reparten entre British Gas y Repsol YPF (y ahora sumó a Ashmore).

Este reemplazo total o parcial de los accionistas que entraron con las privatizaciones de la década del '90 tiene peculiaridades:

• Empresas operadoras son reemplazadas por fondos de inversión o grupos financieros que son los acreedores originales o fueron comprando deuda en los últimos años.

• Los contratos se incumplen pero no cambiaron, así que sus cláusulas son exigibles por los viejos y los nuevos accionistas, aunque hayan recibido fuertes críticas.

• Las inversiones se reducen al mínimo, como un modo de ejercer presión por las tarifas y porque ni antes ni ahora, los accionistas pusieron capital propio y financiaron siempre las obras con préstamos.

El gobierno apuesta a que las empresas que se retiren prefieran vender sus acciones y que queden obligadas a renunciar a litigar en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial. Pero pueden no aparecer interesados o, si los hubiere, que quieran aumento de tarifas.

Los juicios que ya están abiertos en el CIADI incluyen a distintos tipos de empresas: desde Telefónica, que reclama 3.000 millones de dólares y con la cual el gobierno siempre dice que está a punto de firmar el acuerdo, hasta la italiana Camuzzi, que opera distribuidoras de gas, o la francesa Totalfinaelf, una de las petroleras más grandes del mundo, o la quebrada Enron. Cada una usará su propia estrategia, pero se puede especular que sin la influencia del Fondo, buscarán presionar al gobierno acelerando los juicios o resistiéndose a suspenderlos o desistirlos.