Qué hacer con el salvataje

Hace varios años vengo alertando sobre el riesgo del creciente endeudamiento público causado por los déficit fiscales. En el Congreso, al debatirse el presupuesto de 1995 comencé a señalar cómo aumenta el monto de los intereses a pagar y la correlativa necesidad de financiamiento. Después comparé la evolución del total de gastos presupuestarios, la necesidad de financiamiento y los intereses anuales de la deuda, desde 1993 hasta el 2000 (ver Ambito Financiero, 6/7/00, pág. 16). Algunos, no muchos, vimos encendidas las luces amarillas de alerta hace tiempo. La luz roja, podríamos decir, apareció el 7 de noviembre cuando el riesgo-país superó los 1.000 puntos y la Nación debió pagar 16 por ciento para tomar nuevos créditos.

Esa misma semana comenzó el salvataje financiero preventivo, impulsado por el FMI. La Argentina, cerca de la cesación de pagos, comenzó a ser atendida por la comunidad financiera. Esta vez se está actuando de manera preventiva y no terapéutica, como había ocurrido antes con México, Corea, Rusia, Brasil y otros. La decisión de actuar antes y no después del incendio es correcta. Coincide con lo que hemos sugerido hace tiempo, cuando anti-cipábamos las luces amarillas.

Solidez

La situación estructural de nuestro país es mucho más sólida que la de aquellas naciones que en otros tiempos fueron asistidas. En la Argentina no hay riesgo de devaluación. La paridad es correcta. Aunque nuestro comercio soporte la devaluación del euro respecto del dólar, y por ende del peso, la relación peso-dólar es adecuada. Además, tiene el respaldo dispuesto por la Ley de Convertibilidad.

El sistema bancario es, también, intrínsecamente sólido. Las normas prudenciales de Basilea, ampliadas por el Banco Central, aseguran su solvencia, si bien esto incide en el costo del crédito.

Fue reformado el Estado, se privatizaron servicios, se abrió y liberalizó la economía, se modernizó el aparato productivo, hubo innovación tecnológica, las cuentas públicas se conocen con razonable verosimilitud, no hay inflación. Nuestra economía está catalogada como una de las más libres de Latinoamé-rica. Mantenemos, por cierto, una fuerte tasa de desempleo y problemas de marginalidad y pobreza altamente preocupantes, pero están afirmadas las bases estructurales para que haya crecimiento constante y mayor equidad social.

El problema del déficit comenzó a agravarse a partir de las reformas previsionales que obligaron a trasladar recursos de la Tesorería al sistema de seguridad social administrado por el Estado, a lo que se sumó la reducción de aportes patronales -el llamado «mapa previsional», con un costo fiscal de 2.500 millones anuales-, todo lo cual llevó a que las necesidades de financiamiento aumentaran de 11 por ciento del total de gastos en el presupuesto de 1993, a 52 por ciento en el año 2000. A la vez, los intereses de la deuda subieron de 8 por ciento del total de gastos en 1993 a 19 por ciento en el año 2000, superando 20 por ciento en la previsión para 2001. Esto incrementó, asimismo, la tasa que se debe pagar.

En teoría, la deuda de capital recién caerá drásticamente en el año 2006 (de 15.000 millones en el 2001, disminuirá a 5.000 millones en el 2006). Pero esto es teó-rico porque las amortizaciones venideras deberán afrontarse con nuevo endeudamiento. Realmente el problema de desfinanciamiento recién se apaciguaría alrededor del año 2010, cuando el decrecimiento vegetativo del plantel de beneficiarios de la seguridad social estatal compense parcialmente la reducción de ingresos producida por las reformas previsionales que comenzaron a aplicarse en 1994.

Desde luego que no fue solamente eso lo que generó los problemas presentes. Las cuatro crisis internacionales del lustro (México, Oriente, Rusia, Brasil), por distintos motivos, nos afectaron en forma directa frenando el proceso de crecimiento de la década.

El salvataje financiero en ciernes ayudará a superar el momento pero no es suficiente, porque los problemas de desequilibrio fiscal subsistirán durante la primera década del siglo, si no se adoptan otras medidas. Aunque se encauce el crecimiento y se reduzca el costo del endeudamiento, seguiremos con problemas y el resto de la gestión sigue igual como hasta hoy. Para ordenar el futuro hay que añadir otras decisiones. Pienso que algunas deben ser las siguientes:

1) Utilizar la asistencia financiera liderada por el FMI para reprogramar el servicio de la deuda de manera tal que sea compatible con la capacidad de pago, a fin de alcanzar prontamente el equilibrio del presupuesto.

2) Proyectar una reforma impositiva de fondo, aplicable a partir del año 2002, que persiga estos tres objetivos: a) Fiscal: aumentar la recaudación. b) Económico: alentar la producción apuntando a que la deuda fiscal emane cuando se perciba el beneficio de la actividad. c) Federal: desdoblar algunos gravámenes hoy coparticipables, para que la Nación y las provincias ejerzan libremente sus potestades y responsabilidades fiscales.

3) Recrear un clima psicológico de confianza -basado en medidas objetivas-que estimule la inversión privada, como motor primordial de la economía. Esto demanda un efectivo liderazgo político que aliente a la población a asumir nuevos emprendimientos con razonable certeza sobre su evolución futura. Si a partir de esta instancia, después de atenuadas las luces rojas del martes 7 de noviembre, somos capaces de retomar un camino de crecimiento constante, asentado sobre bases sólidas, la Argentina puede mirar con favorable expectativa su porvenir. Hay que actuar con imaginación y con firmeza.