"Queremos crear registro nacional de las empresas"

Déborah Cohen es la primera inspectora general de Justicia, pero no es especialista en derecho societario.

Con sólo 34 años, Déborah Cohen es la primera inspectora general de Justicia, el organismo que desde hace 113 años se encarga de fiscalizar e inspeccionar a las sociedades comerciales y civiles que actúan en el país.

A pesar de ocupar este cargo, no es especialista en derecho societario como su antecesor Ricardo Nissen, el polémico abogado que dio un vuelco en la normativa local relacionada principalmente a compañías extranjeras. Por eso, se concentrará más en mejorar la gestión de la entidad que en dictar resoluciones generales.

Vinculada al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y después de haber ocupado cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la administración de Aníbal Ibarra, Cohen habló con Ambito Financiero.

Periodista: Ricardo Nissen fue muy cuestionado por dictar numerosas resoluciones que algunos decían que frenarían inversiones ¿en qué se concentrará usted?

Déborah Cohen: Antes de mi asunción tuve numerosas charlas informales con funcionarios del Ministerio de Justicia y abogados vinculados con la actividad de la IGJ, lo que me permitió armar un proyecto. Todos coincidieron en que a partir de la gestión de Nissen la IGJ adquirió un gran protagonismo, sobre todo en la tarea de fiscalización. Ahora se necesita mejorar la gestión, los circuitos administrativos, incorporar tecnología para garantizar mayor eficiencia y transparencia.

P.: ¿Quiere decir que se trata sólo de un trabajo interno?

D.C.: Ya se está haciendo un trabajo interno fuerte, y esto rápidamente se notará desde afuera porque la actividad de la IGJ es muy sensible para quienes la usan. Mi meta es que para junio estemos hablando de que la gente palpe cambios importantes en la prestación del servicio, que sobre todo den previsibilidad, y la seguridad jurídica.

P.: ¿Será tan activa en materia de resoluciones como Nissen?

D.C.: Para las normas de tipo general me voy a tomar un tiempo para poder estudiar con seriedad las resoluciones que adopte. Sí estoy resolviendo las cuestiones particulares que llegan, a partir del estudio de cada caso. Pero para la normativa general, todos los cambios que se hicieron en gestiones anteriores fueron muy estudiados y serios. Por eso no habrá cambios de buenas a primeras, ni modificaciones que sorprendan y descoloquen a los empresarios, sobre todo hechos por una persona que no es especialista en el tema societario como yo.

P.: En ese sentido su nombramiento fue llamativo, aun cuando se trata de un cargo político.

D.C.: La mayor justificación de por qué yo al frente de la IGJ es que los anteriores titulares coincidieron en que se necesita mejorar la gestión y los controles en la entidad. Obviamente voy a desempeñar todas las tareas inherentes al cargo ya que para los temas específicos, tengo un grupo de asesores. Somos cinco profesionales, tres especialistas en temas societarios, yo en derecho administrativo y uno en auditoría y control. También me apoyo mucho en jefes de departamento.

P.: ¿Una falta de especialización en temas societarios motivó más críticas que el hecho de que sea mujer y tenga 34 años?

D.C.: Si hubo críticas no llegaron a mí. Confieso que muchas veces recibí gente que me mira con desconfianza pero no tuve cuestionamientos serios. Si fui designada es porque tengo un apoyo político muy fuerte ya que llevo diez años en la administración pública. Soy la primera mujer en 113 años en este cargo y aún así para mí es bastante natural. El año pasado estuve unos meses sin trabajar y al principio lo disfruté, pero después hasta mis dos hijos me dijeron que vuelva porque ven que estoy contenta con lo que hago. Empecé en el bloque del Frepaso con Carlos Chacho Alvarez y Vilma Ibarra. Ahora, vinculada al Frente para la Victoria y a Alberto Fernández, me siento parte de este proyecto político.

P.: En los últimos meses la AFIP sumó controles a empresas. ¿Tienen ambas dependencias alguna medida proyectada para 2007?

D.C.: Tenemos un proyecto en conjunto que tiene que ver con el registro nacional de sociedades. Estaría listo a lo largo de este año pero es muy complejo. Es para armar un sistema e invitar a todas las provincias a que se sumen. El federalismo nos impone que sólo puede hacerse una invitación a participar porque hay un registro de personas jurídicas en cada provincia.

P.: Algo parecido sucedió cuando se intensificaron los controles de las sociedades
extranjeras. ¿Continúa registrándose una baja en la inscripción de ese tipo de compañías?

D.C.: Se mantiene en los últimos años. En 2006 hubo poco más de 680 inscripciones de sociedades extranjeras cuando en 2000 superaron las 2.500. Sólo se inscriben las que son legítimas. Estos temas pueden generar críticas pero la verdad es que transparentan el sistema.

P.: La Corte Suprema permitió a una asociación de travestis y transexuales inscribirse como asociación civil cuando la IGJ se lo había denegado ¿esto marca algún cambio?

D.C.: Con ese fallo, que permitió a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual obtener personería jurídica ( reconociendo que persigue un bien común), la Corte marcó un camino que no tiene sentido desconocer y al que personalmente prestaré mucha atención. Hay algunos criterios clásicos que se aplicaban hasta ahora en esta dependencia que deben modernizarse ya que hay una nueva composición de la Corte Suprema que marca un camino diferente. Eso nos tiene que decir algo. A partir de ahora, si se me presenta algún caso dudoso de inscripción, seguramente yo termine aprobándola si puedo basarme en esta decisión de la Corte.

Entrevista de Florencia Lendoiro