Ayer aparecieron varias voces pidiendo que el Correo siga en manos del Estado, entre ellas la del secretario general del Personal Jerárquico y Profesional de la Secretaría de Comunicaciones, Víctor López; el presidente de la Cámara de Prestadores Postales, José Raúl Ongaro; y el secretario de la Federación del Personal de Comunicaciones, Víctor Jerez. Dijeron que «el Correo jamás fue una carga económica para el Estado». En el mismo sentido, se pronunció el diputado socialista Héctor Polino.
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En tanto, resultó por lo menos curioso el vuelco en la posición de Ramón Baldassini, titular de la Federación de empleados de Correos y Telecomunicaciones. Este dijo el miércoles, antes de la rescisión del contrato, que el Correo Argentino daba un servicio de «excelencia». Ayer, en cambio, afirmó que «las cosas se hicieron mal desde el principio, cuando Macri ofertó un canon de 100 millones de dólares por año, es decir 25% de la facturación total, cuando no hay empresa con semejante rentabilidad». «Ahora -agregó-, habrá superávit, porque sin canon la empresa es superavitaria.»
Por su parte, el diputado Natale indicó que quedan pendientes los siguientes interrogantes: «1) ¿bajo que régimen postal se hará la nueva privatización?; 2) ¿por qué no se dio intervención a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, tal cual lo establece el artículo 14 de la Ley 23.696; 3) ¿cumplirá el gobierno con el artículo de la Constitución que dice que corresponde al Congreso arreglar y establecer los correos generales de la Nación?; 4) ¿es seguro que no volveremos a los tiempos de Yabrán, en que había paros cada quince días al correo oficial, en detrimento de sus servicios y en beneficio de los privados?; 5) ¿habrá interesados en una reprivatización del Correo, sin que antes se garantice un régimen legal igualatorio para todos los operadores?».
