Representantes del campo acudirán directamente al presidente de la Nación para reclamar por lo que consideran «presión impositiva» por parte del Ministerio de Economía. Así lo decidieron aunque la misiva aún no llegó a Balcarce 50 debido a que la dirigencia recién se reunirá en los próximos días después de la dispersión del verano tras el encuentro que mantuvieron la semana pasada con el ministro de la Producción, Aníbal Fernández.
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La mayor preocupación de los productores agropecuarios se centra ahora en la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) sobre las deudas inferiores a $ 100.000 de las PyMEs, luego del veto aplicado el viernes pasado por el mismo presidente de la Nación.
«Nos prometieron un IVA neutro y no se dio; Roberto Lavagna es inflexible con la liquidación de Ganancias sin el ajuste con inflación y ahora, debemos sufrir la aplicación del CER también sobre las deudas inferiores a 100 mil pesos», decía ayer Ricardo Grether, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
El Ministerio de Economía aduce que la no aplicación del CER sobre las deudas de empresas agropecuarias inferiores a 100.000 pesos le implica un costo fiscal de 500 millones de pesos anuales, mientras la dirigencia del campo considera que dicha concesión llegaría a 250 millones de pesos que el Estado transferiría a las PyMEs del campo. «Las deudas por compras de maquinaria agrícola aumentarán 40% para los productores», dicen los especialistas económicos de CRA.
•Promesas
La dirigencia del campo se queja porque desde Producción se promete apoyar a la actividad mientras «se toman medidas que no sólo generan pérdidas sino que no se entiende que a la aplicación de ciertas medidas siguen cerrando el acceso del sector a los créditos y aumentan los pasivos de la actividad», decía Grether.
Lo cierto es que mientras se está por lanzar mañana el Instituto de Promoción de Carnes (que con aportes de los productores y la industria buscará posicionar las carnes argentinas en el exterior), desde las entidades ya se arremete con una ola de amparos contra la liquidación del Impuesto a las Ganancias. «Esa será la primera de una variante de medidas», dicen los productores. No obstante, la dirigencia del campo nunca analizó, durante los últimos meses, incentivar una suerte de rebelión fiscal tal como se había insinuado desde alguna combativa entidad.
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