El gobierno anunció ayer que en 30 días se renegociarán las deudas de las provincias. Se trata del trámite de canje de deudas provinciales con los bancos acreedores que quedó trunco en diciembre pasado con la renuncia de Domingo Cavallo y Fernando de la Rúa.
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Lo que se propone hacer el gobierno es que todos los préstamos de los bancos a las provincias vayan a parar al Fondo Fiduciario, quedando éste como deudor. A su vez las provincias deberán pagarle a este Fondo. Los bancos aceptaron en diciembre refinanciar esas deudas provinciales a una tasa de 7 por ciento. Era la época en que estaba vigente la Ley de Convertibilidad, y $ 1 era equivalente a u$s 1. Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, dispusieron abandonar la convertibilidad, pesificando las deudas de las provincias a $ 1,40 por cada u$s 1 y una tasa de interés anual menor a 7 por ciento.
Esto provocó en los gobernadores el previsible enojo, exigiéndole a Remes Lenicov que diera a las deudas provinciales el mismo trato conseguido por José Ignacio de Mendiguren para las deudas de las empresas privadas, es decir, la relación 1 a 1. Las provincias más afectadas son Río Negro, Formosa, Chaco y Jujuy.
Algunos gobernadores alegan ahora que en la última visita a la Capital Federal, Jorge Remes y Capitanich les admitieron que aún no hay decisión tomada sobre este trámite.
Tampoco les queda claro a partir de cuándo regirán los intereses de esa deuda. Si será en agosto próximo o a partir de ahora. Menos aún saben cómo serán los plazos de gracia para el pago, un interrogante planteado en Economía y que sigue sin respuesta.
Sobre el plazo de 30 días anunciado por el gobierno, creen que es el tiempo que se está tomando el gobierno para definir con los bancos acreedores.
Sin embargo, y en tren de apaciguar los ánimos, Capitanich aseguró ayer que «la Nación cumplirá con la transferencia del piso de recursos en LECOP (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales) a las provincias».
El jefe de Gabinete señaló, además, que se está estudiando la posibilidad de que «en las provincias se puedan usar los LECOP como instrumento de pago para abonar impuestos» nacionales.
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