La petrolera española Repsol inició formalmente la batalla legal en un tribunal internacional por la expropiación de casi toda su participación en YPF, un proceso en el que podría reclamar más de 10.000 millones de dólares.
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La firma envió al Gobierno la declaración de controversia, un paso necesario para abrir el proceso en el tribunal del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) -corte de arbitraje del Banco Mundial- al que posteriormente notificó de la acción.
Ahora se abre un plazo de seis meses para que Repsol y el Gobierno negocien un posible acuerdo antes de que el CIADI tome las riendas del caso.
"Con la notificación, Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que se declaren ilícitos y se condene a Argentina a la reintegración y/o a la reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar", dijo Repsol.
Según el grupo español, Argentina violó varias reglas del Tratado de Promoción y Protección de Inversores.
"La expropiación de YPF implica una violación de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina", afirma la notificación enviada a al Gobierno según informa la agencia AFP, que dice haber obtenido una copia de la carta.
El grupo español valoró su participación en YPF en 10.500 millones de dólares y anunció que exigirá una compensación a través del arbitraje internacional que deberá ser al menos igual a esta suma, que el Gobierno dio a entender no está dispuesto a pagar.
"No les vamos a pagar lo que ellos quieren", había asegurado el Secretario de Política Económica, Axel Kicillof, argumentando que los gestores españoles "están dejando en YPF una deuda de 9.000 millones de dólares".
Con esta notificación, "Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que (...) se condena a Argentina a la reintegración y/o a la reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar", afirma el texto.
Para Repsol, Argentina violó varias reglas del Tratado bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, "comenzando por la obligación de no nacionalizar o expropiar las inversiones de Repsol (...) salvo por causas de utilidad pública y contra el pago de una indeminización adecuada y sin demora".
Denunciando "medidas de carácter singular contra Repsol", dado que el gobierno de Cristina de Kirchner no expropió la participación de otros accionistas, el grupo petrolero asegura que "previamente al anuncio de la expropiación (Argentina) sometió a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor".
Seis provincias habían retirado en los últimos meses a Repsol YPF un total de 16 concesiones de explotación en el país.
La decisión de expropiar a Repsol -propietario del 57,43% de YPF- el 51% de las acciones de la filial, aprobada a principios de este mes por el Congreso, tensó las relaciones diplomáticas con España.
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