Se cambiarían tratados de protección a inversiones

El Senado tratará, antes de fin de año, un proyecto de comunicación firmado por los jefes de los bloques mayoritarios por el cual incitan a que el gobierno renegocie cláusulas de los tratados de protección de inversiones que la Argentina firmó con 56 países en la última década.

La iniciativa la promueve el hiperkirchnerista senador por Chubut, Marcelo Guinle, un hombre que no mueve un papel sin una señal de Olivos.

Apantallan la idea también Roberto Lavagna y miembros del gabinete, como Horacio Rosatti; el procurador del Tesoro, Osvaldo Gugliemini; y otros funcionarios que creen que las inversiones deben seguir protegidas, pero en otros términos. Esos tratados fueron imprescindibles cuando se firmaron desde 1992, según un negociador clave como el ex vicecanciller Andrés Cisneros.

Los términos, sin embargo, «hoy no los firma ya nadie, aunque era común en aquellos años», como reconoce el principal experto del gobierno en la materia, Martín Redrado (hoy con destino en el Banco Central).

•Debilidad

Según el texto que firman Miguel Pichetto (PJ), Mario Losada (UCR), Rubén Giustiniani (socialismo), Carlos Rossi (vecinal de Córdoba), Oscar Castillo (radical disidente) y Vilma Ibarra (ex Alianza), esos compromisos contraídos por el país tienen condiciones hoy incumplibles que lo debilitan en el cúmulo de cuestionamientos de empresas que se consideran perjudicadas por la devaluación y la pesificación de la economía desde 2002.

Esos juicios le han reportado a la Argentina demandas ante tribunales arbitrales internacionales -el principal es el CIADI, que depende del Banco Mundialcon reclamos por más de u$s 17 mil millones. Un proyecto de comunicación parece una inocentada -es menos que una resolución, que es menos que un decreto, que es menos que un tratado-. Pero este trámite con tanta unanimidad no sale sin una gestión previa que se parece a la punta de un iceberg que se pasa a contar:

•El proyecto se justifica en que la Argentina está en una posición de extrema debilidad en los juicios internacionales porque los tratados incluyen algunas cláusulas que permiten que, por caso, la modificación de una ley sea considerada como equivalente a una expropiación. Este artículo está incluido en el tratado testigo que se considera más perjudicial, que es el que la Argentina firmó con Panamá en la década pasada y es invocado por muchos inversores que ponen a ese país como cabeza de su inversión, aunque los capitales sean de otro origen.

•Otro de los artículos que se quiere modificar es el que concede a los inversores de un país la «cláusula de nación más favorecida». Esa cláusula persigue no discriminar a un país en detrimento de otros, al asegurar que no habrá socios de primera y de segunda categoría. En la comunicación que votará el Senado -antes debe pasar por comisión-se quiere imponer una modificación que impida que esa concesión sea usada para elegir la jurisdicción para litigar contra el país. «Los tratados no guardan entre sí un formato único ni otorgan los mismos beneficios a los inversores de los distintos países, lo que origina la paradoja de que un inversor de un determinado país pueda utilizar en su beneficio derechos que nuestro país ha otorgado a inversores de otros Estados, a cuyo fin invocan el mecanismo que surge de la aplicación de la 'cláusula de la nación más favorecida», señala el proyecto.

•La iniciativa intenta editar lo que hoy el país enfrenta ante el tribunal CIADI en una demanda de la empresa Siemens, que tiene su frustrado contrato para la confección de los DNI, amparado por el tratado de protección de inversiones que firmó la Argentina con Alemania. En la demanda justifica, sin embargo, sus reclamos en cláusulas que la Argentina le concedió a Chile por otro tratado usando la «cláusula de la nación más favorecida». Las concesiones que se le dan a un país limítrofe como Chile, se argumenta en el Senado, no son las mismas que se le otorgan a un país europeo.

•¿Quién activó el incansable ingenio de los senadores? Un trámite que se hace por lo menos en cuatro sedes. Una es el Ministerio de Economía, cuyo titular promueve el proyecto como una explosión controlada. Los asesores de Roberto Lavagna les han sugerido a los legisladores que las modificaciones que pidan se limiten a esos dos detalles mencionados, pero que los tratados sean renovados. La totalidad de esos acuerdos se firmó entre 1992 y 2001 como una manera de promover inversiones. Lavagna cree que deben renovarse en su totalidad, pero con los retoques mencionados, que no son triviales, ya que sirven de pieza clave en las argumentaciones de los demandantes.

• Negociación

•Una segunda sede donde se discuten estos tratados es la Cancillería, donde la Secretaría de Coordinación conduce una negociación para modificar el tratado con Panamá, país que acepta las modificaciones que propone la Argentina desde que el actual presidente, Martín Torrijos, se entrevistó en julio pasado con Néstor Kirchner antes de asumir el cargo. Esa modificación la propuso Kirchner, no le gustó a Torrijos, y fue el motivo de la ausencia del santacruceño a esa asunción presidencial. Torrijos (h) terminó aceptando que es mejor una modificación que una denuncia del tratado.

•Una tercera sede es el Ministerio de Justicia: Horacio Rosatti ha encargado un estudio integral de los tratados a una de sus asesoras, Andrea Gualde, quien avala en su informe las observaciones a los tratados que consideran que el cambio en la legislación equivale a una expropiación o que permiten juguetear con la «cláusula de nación más favorecida».

El gobierno, es decir Lavagna, ha dicho en sus negociaciones para este proyecto que el Congreso debe preservar los dos institutos principales que protegen las inversiones, que son las que les permiten la igualdad ante la ley a extranjeros y nacionales -antes amparadas por el llamado «compreargentino»- y que los facultan para la remisión de regalías a las casas matrices.

Esos dos paraguas a la inversión fueron votados a comienzos de la década del '90 por el Congreso, como modificaciones a la ley de inversiones extranjeras y son las que aceleraron las inversiones de la década Menem. Después vino el proceso de firma de los tratados de inversión, «la única manera de lograr que vinieran a poner dinero al país», según recuerda el entonces vicecanciller Andrés Cisneros.

Esos tratados, en su mayoría, tienen una duración de 10 años, lapso que comienza a cumplirse ahora, y tienen cláusulas de renovación automática en caso de que no haya expreso rechazo por algunas de las partes. Nadie lo ha hecho hasta ahora, y el solo consentimiento gatilla la renovación, algo que ahora este proyecto intenta interceptar para retoques que hasta este momento nadie cree que escale a una impugnación total.