Se define en París la última chance para Aguas Argentinas

Entre mañana y pasado, el empresario Eduardo Eurnekian y representantes del Banco Galicia, entre ellos probablemente Luis Ribaya, se entrevistarán con directivos del grupo francés Suez, en lo que se considera el último intento por ceder las acciones de Aguas Argentinas a nuevos inversores.

Todo indica que fue el propio gobierno el que impulsó a Eurnekian a interesarse en este negocio. Desde que Suez anunció en setiembre que se retira de la concesión, el propósito oficial es que Aguas Argentinas pase a ser controlada por capitales locales, como pasó con Edenor, y que al igual que Electricité de France en el caso de la distribuidora de luz, los accionistas extranjeros renuncien a demandar al Estado nacional.

Considerando que ya está el precedente de los fondos Fintech y Latin Assetments, que estaban interesados en Aguas pero desistieron después de buscar infructuosamente una promesa de aumento de tarifas por parte del gobierno, se presume que Eurnekian ya asumió ese dato, al igual que el Banco Galicia, que es accionista desde antes de la empresa.

En apariencia, la negociación en Francia se centrará en el precio que piden Suez y los otros accionistas extranjeros, y en lo que Eurnekian está dispuesto a pagar. Aguas Argentinas tiene una deuda de u$s 600 millones, pero Suez ya pagó 250 millones por un pasivo de u$s 320 millones con organismos multilaterales de crédito.

Es posible que Eurnekian pueda negociar hacerse cargo de la deuda con Suez y con el sindicato de bancos y fondos que hoy son acreedores de Aguas Argentinas, reestructurando plazos e intereses, como ocurrió ya en otras privatizadas.

Es decir, el empresario argentino no le pagaría a Suez pero podría quedarse a cargo de todos los pasivos reestructurados, contando para ello con que hacia adelante el Estado podría hacerse cargo de las grandes inversiones y Aguas Argentinas sólo se dedicaría a mantenimiento y expansión domiciliaria.

Lo que parece un poco extraño es que Eurnekian esté dispuesto a pagarle una suma «cash» a los franceses frente a un negocio con futuro por lo menos difícil.

Además de las deudas financieras, el empresario deberá hacerse cargo de lo que se consideran pasivos eventuales, y que incluyen sobre todo juicios de los usuarios y de los trabajadores, y en menor medida de los proveedores.

• Indemnización

Precisamente ayer se conoció que la Justicia obligó a Aguas Argentinas a indemnizar a un usuario por $ 225.000 por haberle cortado el agua durante un período de casi tres años por falta de pago. Lo más llamativo es que la empresa perdió el juicio porque presuntamente no cumplió una norma del ente regulador que obliga a enviar dos avisos de corte antes de proceder a efectuarlo.

Hay otros temas aun más delicados que también tienen ver con las tratativas entre Suez y Eurnekian. La empresa francesa, al igual que las otras socias, en primer lugar su subsidiaria Aguas de Barcelona, más Vivendi y Anglian Water, no aceptarían ya permanecer como operadoras o asesoras técnicas de Aguas Argentinas.

Esto podría ser decisivo en los casos en que Aguas Argentinas deba pedir un préstamo a organismos multilaterales de crédito, a menos que cuente con el aval del Estado nacional.

Por último, nadie sabe si Eurnekian definió ya con el gobierno el contrato a cumplir, las obligaciones que se le exigirán en la prestación del servicio y cómo se pagarán las inversiones. La duda es si habrá un contrato nuevo o volverá a renegociarse el original, modificado por María Julia Alsogaray y después por el gobierno de la Alianza. Luego de esos cambios, sigue vigente que la empresa concesionaria deberá concluir el contrato en mayo de 2023, habiendo suministrado cloacas a 95% de la población de Capital y Gran Buenos Aires, y agua potable a 100% de esa población.

Una operación con tantas complicaciones sólo se explica por el interés del gobierno en evitarse el juicio en el CIADI de Suez y sus socios. Si Aguas Argentinas se diera por disuelta o quebrara, el juicio sería inevitable. Por eso, se estima que Eurnekian, el Banco Galicia, y en menor medida el grupo Roggio, fueron convencidos para interesarse en esta operación.