Se necesita amplia reforma del Estado

De los anuncios del gobierno, el «blindaje» financiero resulta la medida más contundente en el corto plazo.

El «colchón» financiero que armó el gobierno y la línea de crédito contingente del acuerdo con el FMI dejaban muy poco margen para que la Argentina entrara en una cesación de pagos. Sin embargo, el temor a que el país no pudiera cumplir con sus compromisos había crecido hasta tornarse en un monstruo que amenazaba con destruir toda posibilidad de recuperación económica. Disponer de alrededor de u$s 19.500 millones de organismos internacionales, bancos y AFJP permite mostrarles a los analistas e inversores una cobertura total de nuestras necesidades de financiamiento del 2001.

Las medidas sobre el sistema previsional fueron las que mostraron un mayor grado de audacia. La eliminación del sistema de reparto fue una respuesta contundente a los temores de que el gobierno volviera a resucitar un régimen que quebró en la Argentina y está en crisis en todo el mundo, aún en los países desarrollados.
Por otro lado, desde que se empezara a discutir el esquema jubilatorio actual criticamos la implementación de la PBU. No tiene sentido que la gente tenga que pagar impuestos para darle un subsidio a alguien que cobra una buena jubilación. Es más razonable, en todo caso, garantizar un haber mínimo a todos los que hubieran aportado y de esa forma asegurar una ancianidad digna a quien no hubiera podido ahorrar lo suficiente.

La diferencia en la edad para jubilarse entre hombres y mujeres resulta una discriminación injustificable; ya que se supone que todos somos iguales y, además, estadísticamente se observa que las mujeres tienen un promedio de vida superior al del varón.

La intervención de la ANSeS y la continuidad de la que hoy hay en el PAMI marcan la voluntad de buscar ordenar el sistema de atención de la clase pasiva.

También hubo malas noticias. En la Ley de Solvencia Fiscal, a través de nuestros representantes en el Congreso, los argentinos nos comprometimos a un cronograma de reducción del déficit fiscal que nos llevaría al equilibrio en el 2003. Si bien en una actitud realista, el gobierno admitió que será imposible cumplir con la meta del año entrante y que recién en el 2005 podrá lograrse eliminar el déficit. Por lo tanto, propone cambiar la Ley para adecuarla al nuevo objetivo. Con razón, alguien podría preguntarse si no sería mejor derogarla; ya que si incumplimos la norma original, qué indica que cumpliremos la adaptada.

Es allí donde ganan en importancia otras medidas anunciadas y que, de lograrse implementarlas, podrían ponernos de pie luego de este nuevo «tropezón» fiscal. El congelamiento del gasto público en términos nominales, tanto nacional como provincial y municipal, es una medida que pondrá una restricción al despilfarro de los recursos impositivos. De esta forma, los gobiernos se verán en la obligación de hacer un uso más eficiente de los fondos disponibles.

Reforma integral

En este sentido, sería bueno que el Poder Ejecutivo se planteara una reforma integral del Estado. Para ello, debería crearse una comisión de Ministros o «notables» que determinen los objetivos y funciones que debe cumplir el Sector Público Nacional. Luego, por licitación nacional e internacional, debería contratarse una consultora que releve la actual estructura y p ro p o n ga una más eficiente. En este tema es i m p o s i bl e avanzar con gradualismo; ya que las presiones de los sectores afectados llevarán al inmovilismo. Tampoco es posible dejar estos cambios en manos de los políticos; ya que son uno de los sectores que se benefician de este Estado fofo e inútil.

Es inevitable avanzar en un nuevo Pacto Fiscal con las provincias; si no queremos ver incrementar sustancialmente el déficit en el 2002, cuando el actual acuerdo se termine y haya que transferirles todo lo que les corresponde por la Coparticipación Federal. Además, esto está relacionado con el congelamiento de los gastos provinciales y municipales y la necesidad de encarar una reforma del sistema tributario argentino. El actual esquema impositivo es sumamente injusto e ineficiente, plagado de privilegios que permiten a sectores o personas no colaborar en el sostenimiento del Estado como sus restantes conciudadanos.

La inequidad se hace mayor si se tiene en cuenta como se ha ido incrementando la presión fiscal sobre los que pagan.