Senado aprueba el jueves presupuesto

El Senado se apurará el jueves a convertir en ley el presupuesto nacional 2003 y el paquete impositivo para comenzar después el receso de verano. Este año, con seguridad, la actividad legislativa se retomará recién bien entrado febrero, evitando así el tratamiento de proyectos que pueden complicarle la gestión al gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, que el 2 de febrero vence la suspensión de ejecuciones negociada entre el gobierno y los bancos, y algunos legisladores ya han advertido que avanzarán con proyectos de ley si no se llega a una solución consensuada con los deudores.

El bloque justicialista del Senado que conduce José Luis Gioja quiere sesionar el próximo jueves con un amplio temario, que contempla la aprobación del pliego de Alfonso Prat-Gay como presidente del Banco Central de la República Argentina, los proyectos que modifican impuestos para aumentar la recaudación en unos $ 1.000 millones y el presupuesto 2003, con una pauta global de gastos de $ 62.600 millones y un déficit estimado en $ 520 millones.

El acuerdo radical-peronista que permitió la sanción del presupuesto 2003 en la Cámara baja -y lo habilitará también en el Senado-y del paquete impositivo en Diputados no consiguió frenar una serie de conflictos que se generaron desde antes de la sanción de los proyectos, aunque ayer todo parecía indicar que el paquete impositivo sería aprobado:

Las protestas más fuertes en el Senado giran en torno al proyecto que grava con el Impuesto a las Ganancias a los reintegros a las exportaciones. Las críticas se inclinan en dos sentidos: los senadores consideran preferible bajar los niveles de devolución de impuestos a las exportaciones y no gravarlos con impuestos para no generar un conflicto con la OMC y al mismo tiempo juran que Roberto Lavagna había llegado a otro acuerdo con el Congreso. Lo cierto es que la presión de los exportadores se hizo sentir en el Senado desde el día de la sanción del proyecto en Diputados.

El agro, por ejemplo, comenzó a presionar pidiendo un veto presidencial al día siguiente que los diputados convirtieron en ley la baja del IVA a 10,5% para ese sector. El conflicto allí se basa en el monto del crédito fiscal a computar para el agro que se reduce a la mitad. Desde el gobierno se defendió siempre esa reducción argumentando que gracias a la evasión que se detecta en el sector, el Estado podría ahorrarse hasta u$s 600 millones en devolución de impuestos a los exportadores agropecuarios.

Otro de los conflictos en marcha está en juego con la eliminación de los planes de competitividad. Este proyecto todavía debe ser sancionado por el Senado para convertirse en ley y establece la eliminación de exenciones al impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y un tratamiento especial en el cómputo de aportes patronales. Si bien hay protestas desde el agro, el transporte y los medios de comunicación -los tres sectores que mantenían planes de competitividad-, la presión central se basa en otra disposición incluida dentro del paquete impositivo: la eliminación de la posibilidad de computar a cuenta del IVA la tasa que radio y televisión pagan al COMFER. Ese impuesto, que en promedio -de acuerdo con la ubicación geográfica-ronda 4%, había sido incluido en la negociación del paquete impositivo que gravó con IVA a los abonos de la televisión por cable. A cambio de esto, el gobierno les permitió a los medios utilizar lo pagado al COMFER a cuenta del IVA. Esa es la protesta que ya están escuchando los senadores.

Para el mes de febrero quedó flotando otro conflicto. Diputados se negó a aprobar, devolviendo el proyecto a comisión, la iniciativa que disponía una reducción de la tasa máxima de Ganancias de 35% a 30% al tiempo que prohibía el ajuste por inflación de los balances de empresas. Incluso a última hora de la sesión, minutos antes del final, el oficialismo volvió a pedir una reconsideración de la votación que naufragó cuando el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez denunció en el recinto la práctica de meter a último momento los artículos acordados por afuera del tratamiento formal del presupuesto y que incluso llegó a mencionar como «curritos».

El problema no es simple: el gobierno argumenta que autorizar un ajuste por inflación podría significar el inicio de una espiral inflacionaria, aunque se hiciera por única vez para compensar los desfases del último año. Para las empresas, la decisión de Economía sigue siendo indigerible: exige ajustar por inflación para poder descontar de su balance impositivo las distorsiones que produjeron la devaluación y el aumento de precios.

Así las empresas argumentan que los precios de sus stocks se vieron incrementados por variables que no se corresponden por ganancias reales y, por lo tanto, no deben reflejarse en un aumento en los impuestos a pagar.

El gobierno había ofrecido, y así se plasmó en el proyecto de ley, compensar esta situación con una reducción de 5 puntos en Ganancias, idea rechazada por las empresas. Pero la decisión de Diputados de devolver la iniciativa a comisión dejó el tema a medio camino: sin ajuste por inflación ni reducción de impuestos. Ahora no puede ser tratado por el Senado, que no es cámara iniciadora en asuntos tributarios y, por lo tanto, no tendría solución legislativa hasta febrero.