Serio: gobierno se asegura gasto a discreción por $ 9.250 millones

Desde el Congreso, el control en lo económico que se dispone sobre un gobierno se da en todos los países a través del Presupuesto. Allí se ponen límites al gasto público, a la emisión de deuda, a los impuestos. Y se da la señal de hacia dónde va el país. No es el caso argentino precisamente dado que van trascendiendo detalles de lo que está incluido -y oculto- en el proyecto de Presupuesto 2006 que se enviara al Congreso. Hay una nueva variante de los superpoderes, ahora relacionados con el gasto. Se asegura a través de un ardid el gobierno el manejo discrecional de fondos por más de $ 9.250 millones. Un decreto presidencial de hace 10 días terminó de pulir el mecanismo. Será Lavagna quien deba dar explicaciones sobre este delicado tema cuando concurra a Diputados.

Varios diputados duhaldistas recordaron ayer que no votarán al gobierno los famosos «superpoderes» dentro del proyecto de Presupuesto 2006. Pero si bien éstos existen dentro de un capítulo especial que le garantiza al gobierno la posibilidad de reasignar partidas y aumentar el monto total del gasto -siempre que provenga de fuentes de financiamiento y recursos específicos, lo que en la práctica mediante ajustes contables puede generalizarse a todo tipo de gasto-, los más importantes vienen desde el año pasado.

El Ejecutivo ya se garantizó en la Ley de Presupuesto 2005 contar con la facultad especial que más le interesa y que más ha utilizado este año: poder disponer de los fondos originales o que reasigna en la «Jurisdicción 91- Obligaciones a Cargo del Tesoro», una partida que se triplicó desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia.

«Lo votaremos siempre y cuando no nos traigan como tema colateral el de los superpoderes», advirtió ayer Hilda Chiche Duhalde en relación con el proyecto de Presupuesto 2006, sumándose a Eduardo Camaño, que había anunciado: «El límite son los superpoderes».

El problema es que los duhaldistas ya los votaron el año pasado y en una forma que garantizó al gobierno no tener que pelearlos nuevamente en el Congreso durante este año electoral. Así, sumados a los cuatro artículos del proyecto 2006 que delegan facultades, la Casa Rosada se garantizó «superpoderes» para manejar el gasto tan amplios como en cualquier año anterior.

«Obligaciones a Cargo del Tesoro» reúne programas para asistir financieramente al «Gasto Social Provincial», «a Sectores Económicos», «a Empresas Públicas, Ente Binacional y Concesionarios Servicios Públicos» o « Asistencia Financiera a Provincias», entre otros programas. Recibe fondos del Tesoro y a su vez es uno de los orígenes y destinos de financiamiento que aparecen en las decenas de decisiones administrativas y decretos de necesidad y urgencia con que el gobierno modificó, por ejemplo, el Presupuesto 2005, es decir, actúa como una verdadera caja chica, o mejor dicho grande, de la Administración Central para distribuir desde subsidios, fondos para obras o la tan necesitada asistencia a provincias en un año electoral.

• Movimiento

Para tener una idea del volumen de movimiento que adquirió esta cuenta, se puede mencionar: en 2002 contó con fondos autorizados por $ 3.087 millones, en 2003 $ 3.587 millones, 2004 $ 4.487 millones, en el Presupuesto 2005 saltaron a $ 7.597 y para el año próximo el gobierno fijó $ 9.249 millones.

¿Qué tiene de práctico para el gobierno, más allá de incrementar el gasto en esos rubros, el disponer de fondos precisamente allí? Cuando el año pasado se criticó la existencia de superpoderes en el Presupuesto 2005, las miradas se centraron en el artículo 11. El gobierno prácticamente no utilizó esta facultad más que en 0,7% del total reasignado.

Pero en el mismo proyecto, en el artículo 15, el gobierno pidió: «Déjase sin efecto la disposición prevista en el artículo 84 de la Ley Nº 11.672 - Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) referida a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro». Semejante tecnicismo pasó inadvertido para buena parte de la prensa e incluso para muchos legisladores, tanto como que al final del proyecto se pedía incluir este artículo a la misma Ley Complementaria Permanente, de manera que quedara vigente para siempre.

Para completar la obra, el gobierno dispuso por decreto, una semana antes de enviar al Congreso el Presupuesto 2006, un reordenamiento de esa norma permanente donde desaparecieron disposiciones derogadas. No quedó ni el más mínimo rastro de lo que decía ese artículo 84 eliminado.

Pero desempolvando la vieja versión de la ley, queda claro qué obtuvo el Ejecutivo: «Los créditos que se asignen en las respectivas leyes de presupuesto para las jurisdicciones 90 Servicio de la Deuda Pública y 91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro- no podrán disminuirse para incrementar créditos de las restantes jurisdicciones y entidades integrantes de la Administración Nacional», decía esa norma desaparecida. Por lo tanto, queda absolutamente libre ahora la disposición de fondos de esa megamillonaria jurisdicción -más otros que se reasignen allí durante el año provenientes de excedentes en recaudación- por lo que de nada servirá que la oposición o el duhaldismo se opongan a superpoderes que seguirán estando vigentes.