Uruguay anunció ayer que lanzará medidas proteccionistas en contra de la Argentina, para contrarrestar decisiones similares impuestas por el Ministerio de Economía de Roberto Lavagna. El director de Industria del gobierno de Tabaré Vázquez, Miguel Mariatti, anunció que, luego de haber analizado un informe donde se identifican subsidios que aplicarían cuatro provincias argentinas (Catamarca, San Luis, San Juan y La Rioja), Uruguay estaría habilitado a aumentar los aranceles a algunas importaciones argentinas para defenderse de la « competencia desleal» que provocaría esta ayuda.
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En julio Uruguay había presentado un reclamo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por esos subsidios, considerados « incompatibles con el proceso de integración regional». Sin embargo, el paso anunciado ayer sería una decisión más importante que la denuncia ante el organismo internacional y afectaría directamente a las relaciones comerciales entre los dos países.
El caso aparece además en el marco de una disputa bilateral aún más grave: el de la planta papelera que se está levantando cerca de Paysandú y que la Argentina condena por posible contaminación ambiental. El gobierno de Vázquez anunció que no renunciará al proyecto, en donde hay comprometidos más de 2.000 millones de dólares.
• «Competencia desleal»
Sobre los subsidios de las provincias argentinas, el subsecretario de Industria y Energía uruguayo, Martín Ponce, había declarado hace un tiempo que los beneficios fiscales que reciben allí las inversiones productivas son «uno de los temas que tenemos en discusión con las autoridades argentinas y sobre el cual hay gestiones en trámite, de tipo arbitral, ante la OMC».
La medida que aplica el gobierno argentino «dificulta la entrada en condiciones de competencia al mercado del país vecino» de los productos de los demás países, afirmó el funcionario. Ponce de León explicó que la posición argentina significa una « competencia desleal para nuestras industrias en terceros países, e incluso en nuestro propio territorio nacional».
Mariatti explicó ayer que Uruguay estudia una salvaguardia para compensar los efectos del subsidio, principalmente a productos alimenticios. Se trata de un impuesto a la importación, que si se carga al precio final de un producto, subsidiado en origen, obliga a aumentar ese precio en la misma medida en que antes fue rebajado.
El director de Industria afirmó que un problema adicional que se enfrenta es la identificación exacta de los productos subsidiados, ya que esto se hace en base a la información que debe proporcionar el país o la provincia que paga el subsidio. «Tenemos que pedir la información a la Argentina, y no la da. Estamos como en una traba», explicó.
