En contra de lo que Roberto Lavagna y el grupo de técnicos que lo acompañaron a Washington suponían, el reencuentro de los funcionarios argentinos con los del Fondo Monetario Internacional no estuvo centrado en el problema de reestructuración de deuda lograda y su aceptación en 76,07%. La preocupación principal de Rodrigo de Rato y del staff técnico del organismo habría sido, tanto en la comida del domingo por la noche como en las discusiones más burocráticas del lunes, el retraso tarifario de los servicios públicos en la Argentina. Sin embargo, esa cuestión no fue abordada desde la perspectiva más usual, que es la del reclamo de los concesionarios por mayores ingresos para poder realizar inversiones en infraestructura y ampliar prestaciones que les exige Néstor Kirchner. El enfoque de los directivos del Fondo se encaminó así a un problema más general y dio lugar a un cambio de opiniones, a través del cual afloró un desencuentro técnico y, si se quiere, ideológico, entre la conducción del Palacio de Hacienda y aquellos funcionarios internacionales.
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Rato y los economistas que dialogaron con los argentinos el lunes aceptaron, como premisa mayor, que el país está frente a una gran oportunidad. Y también, ante un gran desafío, que es dar consistencia al acuerdo que les propuso a los acreedores de sus nuevos bonos, garantizando niveles de crecimiento y de superávit fiscal excepcionales. «Eso sólo se puede conseguir con una oleada de inversiones, y nosotros pensamos que la hora de éxito que están viviendo es la más propicia para favorecer esa oleada», razonó Rato. En ese contexto, el director gerente y el resto de sus colaboradores inscribieron el problema de la renegociación de tarifas.
«No se trata de un problema del ingreso de las empresas de electricidad o de gas. La cuestión es que el costo del ajuste de tarifas no lo deberían pagar exclusivamente los grandes consumidores, sobre todo los industriales. Si se consagra ese cuadro tarifario desigual, las inversiones que podrían ir al sector real en la Argentina se verán desalentadas por los altos costos. No se olviden de que lo que atraerá a esos inversores es la rentabilidad.» Este fue, puesto en términos sintéticos, el planteo de los hombres de Washington.
Lavagna respondió desde el otro extremo del arco teórico con keynesianismo puro. «Las inversiones vendrán porque la demanda en la Argentina todavía tiene un gran margen de incremento. Es cierto que para que esa demanda se vea satisfecha deberían radicarse más inversiones. Pero la propia expansión del mercado las estimulará», contestó el ministro, en una línea que sería seguida por su equipo la mañana del lunes. En una y otra línea argumental resonaban los principios del pensamiento económico clásico, según el cual la oferta, de acuerdo con la ley de Say, crea su propia demanda al pagar más salarios, distribuir beneficios, generar rentas y consumir insumos. Para los de la teoría keynesiana, a la que se abrazan el neodesarrollista Lavagna y Kirchner, la demanda reactiva porque tienta a inversiones para satisfacerla.
Claro, la mayor demanda se lograría gastando más desde el Estado, aumentando salarios por decreto. Esto desalienta, y además, inundar de plata la plaza sin mayor productividad trae algo dramático: más inflación, amenaza que hoy pende sobre la Argentina.
Por esta vía se llegó a esa cuestión inquietante en el diálogo con Rato: la de la inflación. Los técnicos del Fondo se detuvieron largamente en ese peligro, visto no sólo desde el horizonte de la política monetaria que sigue el Banco Central (tarde o temprano, se hará explícito el debate sobre los niveles de emisión que demanda el sostenimiento del actual tipo de cambio), sino también desde la preocupación más inmediata de la negociación de tarifas. Rato y sus técnicos dijeron algo muy evidente: si la recomposición de ingresos de las empresas de servicios públicos se basa exclusivamente en aumentos dirigidos a los mayores consumidores industriales y comerciales, estos incrementos serán tarde o temprano trasladados a los precios.
• Preocupación principal
Este debate no se desarrolla en una burbuja teórica. Para el gobierno, es una de las preocupaciones principales del año electoral. El congelamiento del precio de los servicios públicos para los consumidores domiciliarios es un credo sobre el que la Casa Rosada insiste en no admitir cuestionamientos, pese a que niega rentabilidad como para que las empresas inviertan. El problema energético y el hecho de que no haya explotación petrolera atrasan al país. Néstor Kirchner y sus colaboradores principales suponen que un aumento en el precio de la luz o del gas les será imputado más directamente por los votantes que una suba generalizada de precios derivada de los mayores costos de energía que produce el nuevo cuadro tarifario. Hoy, al gobierno igual le crece la inflación, pese al congelamiento de tarifas que le aleja inversiones.
No se trata, entonces, de una política de infraestructura o de energía, sino de una estrategia electoral de resultado incierto si la inflación hace decaer el salario y trae huelgas y conmoción social.
Las cartas de entendimiento que se conocen hasta ahora y que están siendo sometidas a audiencias públicas -la de Edelap, por ejemplo- suponen incrementos de alrededor de 28% en los precios de la electricidad, de los cuales 25% debe ser afrontado por consumidores industriales o comerciales.
Se plantea un cuadro inédito para la Argentina. Por primera vez, un gobierno se enfrenta a servicios públicos privatizados en un contexto de inestabilidad de precios. En efecto, las privatizaciones se realizaron en un período en el que no hubo inflación. Cuando la había, las empresas eran del Estado y la tarifa era una variable política que se cargaba al déficit fiscal. Economía inflacionaria y empresas en manos privadas y, por lo tanto, atentas a la rentabilidad, sobre todo, para medir sus inversiones, es una combinación que sorprende, por lo cual Kirchner y Lavagna buscan la cuadratura del círculo. En el Fondo, esta semana, no la encontraron.
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