Skanska: gobierno usa a Verbitsky

El gobierno utilizó ayer la «causa Verbitsky» para justificar los embates contra el juez en lo penal tributario Javier Biscayart, quien investiga un supuesto caso de coimas en la ampliación de dos gasoductos que son supervisados por el Ministerio de Planificación.

Según la teoría Verbitsky los presos no pueden ser alojados en las comisarías aunque exista sobrepoblación carcelaria o los reos vivan en condiciones de hacinamiento en los penales.

El vocero del gobierno logró que la Corte Suprema defendiera este criterio en dos fallos: uno relacionado a las cárceles bonaerense y el otro vinculado a los penales mendocinos. Esa resolución le provocó menudo problema al gobernador Felipe Solá que debió flexibilizar las condiciones de detención ante la imposibilidad de construir más unidades penitenciarias que cuestan millones.

El argumento legal que sostiene esta filosofía es el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución nacional, y que obliga al Estado a ajustar sus políticas públicas a los estándares constitucionales y del derecho internacional para que los presos no vivan en condiciones inhumanas.

Precisamente. en marzo del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos formuló indicaciones al Estado argentino «para proteger la vida» y «que no se produzca una muerte más» en las cárceles.

Esta disposición convertida hoy en «ley general» fue defendida por los Fernández. El jefe de Gabinete, de gira por Madrid descartó ayer que la denuncia impulsada por Aníbal Fernández contra el juez Biscayart en el Consejo de la Magistratura haya sido «exagerada». Por el contrario dijo que se trató de un caso en el cual «un juez está pidiendo que se viole la Constitución».

«Si el juez tiene dudas sobre el riesgo físico que corre un preso, lo que tiene que hacer es pedirle al Servicio Penitenciario que extreme los cuidados», sostuvo Alberto Fernández en declaraciones a radio «América».

Tanto el jefe de Gabinete como el ministro del Interior, Aníbal Fernández coincidieron ayer en atacar al ARI y al PRO por su intención de iniciar un juicio político contra el titular de la cartera política por esa denuncia.

Aníbal Fernández señaló que le causó «gracia» que la candidata a presidenta, Elisa Carrió, anunciara que impulsará un juicio político en su contra.

«Carrió desconoce por completo de qué se trata el tema; alguien le ha contado algo, le pareció bárbaro pelearse con el ministro del Interior, porque le debe dar un poquito más de chapa de la que tiene para competir, y eso me llama la atención y, sin ser irrespetuoso, me causa gracia», sostuvo el titular de la cartera política.

Para Fernández la denuncia que efectuó contra López Biscayart está plenamente justificada, ya que el juez «avasalló las decisiones del ministro del Interior».

Exculpados

Por su parte, el jefe de Gabinete separó al gobierno nacional de la investigación y afirmó que «ningún funcionario» del Estado está involucrado en el caso Skanska.

«Nosotros no tenemos ningún dato de que esté afectado algún funcionario público», señaló Fernández.

En la misma línea, acusó a López Biscayart de «violar la Constitución» por enviar a un procesado a «una comisaría».

«Me parece que es un hecho bastante contradictorio con las normas legales», evaluó el funcionario.

El magistrado había resuelto mudar de lugar de detención a Adrián López, un imputado que deslizó que el Ministerio de Planificación Federal pudo haber cobrado coimas en el marco de este caso, y en consecuencia llevarlo de una cárcel del Servicio Penitenciario a una celda de la Policía Federal.

Para esto, el juez invocó razones de seguridad y declaró inconstitucional una resolución administrativa del Ministerio del Interior que restringe la posibilidad de que la Policía reciba presos.