Sólo falta la letra chica para el difícil acuerdo con los gobernadores

Apesar de que Fernando de la Rúa sugirió ayer algún disgusto con Carlos Ruckauf («algunos, por afán de protagonismo, se adelantaron a explicar como propio lo que estamos haciendo con la política social», les dijo a los legisladores de la Alianza), fue el gobernador bonaerense el primer dirigente opositor que, por la mañana, le aseguró que habría acuerdo con el PJ. Antes que él había sido Chrystian Colombo el garante de ese desenlace, que ya se prefiguraba en la comida (unas modestas empanadas) que se había servido el lunes por la noche en la Casa de La Rioja y mucho más en el almuerzo que los peronistas compartieron ayer en un restaurante de Puerto Madero.

Hoy continuará la transacción en la Jefatura de Gabinete y, si se consuma el pacto, habrá una cumbre con De la Rúa por la tarde.

En efecto, al cabo de infinitas negociaciones que a las 23.15 de anoche pasaron a un cuarto intermedio, el Ejecutivo nacional y el colegio de mandatarios del PJ alcanzaron los grandes trazos de un pacto de gobernabilidad:

El gobierno consiguió que los mandatarios admitieran ponerle un techo, aunque variable, a sus ingresos por coparticipación, hasta el año 2005.

Los gobernadores conquistaron del gobierno una participación directa en la acción social que la administración central realiza en sus distritos, lo que les permitirá compartir réditos con dinero ajeno.

Pantalla

Anoche se seguían discutiendo con más detalle estas dos cláusulas, las más importantes, pero no las únicas del acuerdo en curso. Esas negociaciones, además, sirvieron de pantalla para otras en las que cada mandatario llevó adelante su propia «paritaria». En otras palabras, la demora en alcanzar el pacto grande se debió a que -como siempre sucede en estos casoslos jefes de distrito hacen valer sus demandas específicas para suscribir el pliego general. El «Vikingo» (apodo de Colombo), en su salsa: le encantan las discusiones y las reuniones tensas, sobre todo cuando del otro lado hay peronistas, personajes que siempre lo fascinaron.

Respecto del pacto para que hasta 2005 las provincias sigan recibiendo una suma fija de fondos coparticipables -y no lo que corresponde por el índice-, la discusión se saldó a favor de la administración central. El gobierno logró establecer que para 2001 y 2002 se remitan $ 1.364 millones por mes al interior. Entre 2003, 2004 y 2005 se propo- ne un promedio de lo recaudado coparticipable (lo que efectivamente ingresó, aunque no se hubiera girado a las provincias) en los 3 años anteriores. Colombo y José Luis Machinea garantizan, obviamente, un piso anual: $ 1.400 millones para 2003; $ 1.440 para 2004 y $ 1.480 para 2005.

El peronismo era más optimista que el oficialismo sobre cómo será el comportamiento de la recaudación fiscal, al menos preventivamente. Por eso pretendía que, a partir de un mínimo de $ 1.364 millones, se les envíe año a año una suma fija mensual equivalente al promedio de lo efectivamente recaudado en los 3 años anteriores. Pero en este punto ganó Colombo.

Por si se produce un repunte notorio en los ingresos, los peronistas exigen otra cláusula: la diferencia entre lo que se envía a las provincias y lo que ingresa como coparticipable, no podrá ser utilizado discrecionalmente por el gobierno central sino que deberá depositarse en la cuenta de cada distrito para alimentar un fondo de auxilio anticíclico.

Esta pretensión de los peronistas es más relevante de lo que parece desde el punto de vista político: ellos temen que si De la Rúa se beneficia directamente de una eventual mejora tributaria, no podría apli carla a una rebaja o eliminación de impuestos que le facilitaría un éxito electoral el año próximo. Por eso la polémica detallada por el congelamiento del pacto fiscal hasta 2005 no se entenderá completamente si no se advierten los reparos electorales que cada sector plantea antes de firmar: también el radicalismo se cuida de que, en 2003, el PJ no se arroje al camino de la demagogia ya que, de hacerlo y triunfar, debería pagar la factura durante los dos primeros años de gestión.

El otro capítulo que se discute también mezcla política y finanzas. Se trata del gasto social, que el PJ quiere federalizar al extremo. No se llegó anoche al punto, propuesto por los gobernadores, de disolver los ministerios asistenciales. Pero los mandatarios estaban próximos a conseguir que los programas sociales que administra el gobierno nacional sean aplicados por «unidades de ejecución» que estarán presididas por un delegado del gobernador en cada distrito.

Bloqueo

Si a Ruckauf, como confesó ante este diario, le preocupaba que «las oficinas de empleo sean comités radicales y las de planes alimentarios comités del Frepaso», esa posibilidad quedó bloqueada. En otros términos: el PJ ató, aunque sea parcialmente, las manos de la Alianza en el proselitismo asistencial para el año próximo. Ya consiguió un aumento de $ 250 millones en programas asistenciales y tal vez sea De la Rúa quien deba zanjar hoy cómo se forman, en definitiva, las «unidades de ejecución». Sobre ese artefacto Eduardo Bauzá le hizo una referencia bien temprano a Colombo: «Las inventamos nosotros con Eduardo Amadeo pero nunca nos dejaron aplicarlas».

¿ Dónde se situaba anoche la discusión pendiente entre Colombo y los gobernadores? En primer lugar, el jefe de Gabinete intentó limitar y postergar los compromisos del gobierno con las provincias para el pago de deudas del FONAVI de los años 1999 y 2000. Tampoco había acuerdo en cuanto a las pretensiones del PJ sobre el presupuesto nacional: sencillamente, eliminar los recortes de subsidios que quedaron en el dictamen aprobado en comisión por Diputados. Pero son minucias al lado de otras transacciones.

Hasta las 23.15 de anoche, Colombo siguió reunido con Carlos Rovira (Misiones), Eduardo Fellner (Jujuy), Rubén Marín (La Pampa), Julio Miranda (Tucumán) y Adolfo Rodríguez Saa (San Luis), acaso el grupo con el que mejor se lleva dentro del club peronista.

Facturas propias

Cada uno de esos mandatarios tenía una factura propia para el gobierno, aún cuando muchas de esas provincias ya consiguieron que se extienda también hasta 2005 la reestructuración de sus deudas.

Carlos Reutemann, por su lado, salió ayer más aliviado de la reunión general: el gobierno se hará cargo más generosamente del quebranto del sistema previsional de su provincia. Ruckauf consiguió fondos especiales al mediodía por las dramáticas inundaciones bonaerenses (Ricardo Gutiérrez pasó también por el Banco Central, acompañado por el ahora hiperactivo Bauzá, para hablar de la situación en que Eduardo Duhalde dejó el Provincia).

Ni qué decir de La Rioja, que aprovechó haber sido sede de una de las reuniones para que se repongan las partidas que habitualmente se le destinan en el presupuesto nacional. Anoche quedaban pendientes dos «paritarias» difíciles.

Una, la de Córdoba: José Manuel de la Sota deberá negociar algún auxilio para su deficitaria caja de jubilaciones. Otra, la de Santa Cruz, en la que el siempre intransigente Néstor Kirchner le pondría un último precio al pacto general. Anoche amenazaba con no firmar, convertido casi en un piquetero de la autonomía provincial.

Además de cláusulas económicas y ligadas a lo social, el acuerdo que presumiblemente se suscribirá hoy tiene un componente político nada despreciable: se establece un sistema de cooperación entre gobierno y oposición en cada provincia, lo que beneficiará en especial a los que tienen legislaturas adversas. Con elegancia el texto que se está por firmar habla de «estimular la reciprocidad», lo que más crudamente significa que el PJ queda habilitado en el Congreso de la Nación para vengarse de las obstrucciones que la Alianza realice a las gestiones provinciales de sus gobernadores.