Suspendieron a 60 mil trabajadores

Néstor Kirchner promete políticas keynesianas para anticiparse a la crisis financiera internacional, pero, por demoras en los desembolsos para obras públicas del gobierno de su esposa, Cristina de Kirchner, el sector de la construcción comienza a dar señales alarmantes. Se habla de un atraso de 4.000 millones de pesos para las empresas del rubro y de 60 mil obreros del sector suspendidos en todo el país, esto es, 13,5% de los trabajadores registrados en la actividad. La situación arrancó antes de la crisis global, debidoa la necesidad de contener el gasto, pero ésta la potencia y revela una debilidad del país para contrarrestar sus efectos.

El planeta K opera en dos dimensiones: mientras el gobierno promete a gobernadores e intendentes lanzar un plan trienal de obras, la parálisis en el sector de la construcción, por incumplimientos del Estado, acumula deudas millonarias y afecta los empleos del sector.

Tal como señaló ayer Ambito Financiero con el doble argumento de «anticiparse» a un impacto de la crisis financiera mundial y prepararse para el año electoral, Cristina y Néstor Kirchner proyectan un programa de inversiones con fondos del Estado. Un «new deal» K.

Ese esquema keynesiano, que entre autoelogios el ex presidente destaca ante quienes lo visitan en Olivos, choca con datos puntuales: la demora, o parálisis, en las obras públicas -algunas varias veces anunciadas- daña gravemente al sector de la construcción.

Datos

Hay dos datos específicos que revelan esa situación:

En la actualidad, 60 mil de los 450 mil obreros vinculados a la construcción en todo el país están «suspendidos» por la falta de avance, producto de que no llegan los fondos estatales, de los planes de obra pública. La parálisis se percibe más en algunas provincias que en otras.

En simultáneo, fuentes del sector empresario, afirman que hay un atraso de 4.000 millonesde pesos en los giros del gobierno nacional, consecuencia de la demora en los pagos y por la variación de los precios, producto de una inflación que la Casa Rosada se niega a admitir.

El tema fue motivo de análisis durante un encuentro mantenido días atrás entre la dirigencia de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) -entre los que estaban las autoridades de las delegaciones provinciales-, y la cúpula de UOCRA, el gremio del sector.

Ese panorama delicado, que los empresarios le trasmiten al ministro de Planificación, Julio De Vido, se topa con una nueva promesa: antes de fin de año, dicen en gobierno, se retomará el ritmo de las obras y, el año próximo, habrá una inversión de 16 mil millones de pesos.

Entre tanto, el día a día de las empresas es sensible. Todo se explica: hay un desajuste entre los pagos que a cuentagotas gira el Estado y el avance de los trabajos. Como aumentaron los costos, los certificados que abona Planificación cubren un menor porcentaje de las obras.

El recurso de las empresas es tomar un pago que equivaldría a 35% de la obra, pero como los costos en materiales y mano son mayores, en vez de encarar ese porcentaje de la obra, reduce la actividad a la mitad lo que deriva en suspensión del personal excedente.

Ese es el motivo central de que, según los registros que reveló la conducción de la UOCRA, a cargo de Gerardo Martínez ante los directivos de la CAC, en la actualidad haya unos 60 mil obreros suspendidos. Representa 13,5% del total de trabajadores registrados.

El consuelo es que, según les anticipan desde el gobierno a empresarios y sindicalistas, antes de fin de año se retomarán obras que estaban demoradas y para 2009 se planea una megainversión en emprendimientos de infraestructura. Eso, claro, en la medida que no se deteriore demasiado el frente fiscal.

Castigos

En el mapeo de la crisis, hay un dato que resulta sintomático: el mayor nivel de paralización de obras se registra, según el informe de empresarios y gremialistas, en las provincias que tienen algún tipo de cortocircuito político con la Casa Rosada y Olivos.

La enumeración es muy clara: los distritos que mayores problemas presentan en la paralización de obras son Córdoba, San Luis, Corrientes, Catamarca y Tierra del Fuego. Todas, con distintos niveles de tensión, están enfrentados con el gobierno.

La demora en las obras se detecta en todo el país, sin distinción del color político de los gobernadores,pero es más grave en aquellas provincias que están en manos de dirigentes como Juan Schiaretti o Arturo Colombi, que tomaron distancia de los Kirchner.

Un caso testigo: la autopista Rosario-Córdoba estuvo casi congelada a pesar que las empresas mantenían los obradores al borde de la ruta. ¿

Motivo? De suspender los trabajos, corrían el riesgo de que les quiten la concesión y deban ir, nuevamente, a licitación.

Eso implicaría volver a entrar en un circuito engorroso y tener que lidiar con los funcionarios del área. Por eso, mantenían planteles reducidos con trabajos superfluos para simular avances. En parte, tras el pacto Schiaretti-Kirchner, se recuperó algo de normalidad.

Nada de eso, en cambio, ocurrió en Catamarcay Corrientes, donde gobiernan Eduardo Brizuela del Moral y Arturo Colombi, ex radicales K que se apartaron de esa entente y se mueven ahora en sintonía con Julio Cleto Cobos. El mismo padecimiento afecta a Fabiana Ríos, la arista fueguina.

El caso de San Luis es diferente: Alberto Rodríguez Saá se ha quejado sistemáticamente de la falta de inversión nacional en la provincia y la poca que existe fue directamente desfinanciada.

Para ese grupo, con la salvedad de Schiaretti,la promesa de un «new deal» cristinista, tampoco aparece como una solución. Si perdura el mecanismo de castigo de la Casa Rosada a los díscolos, la obra pública -con aporte nacionalen sus distritos seguirá en coma.