Tarifas domiciliarias: Cristina Kirchner en España dirá que tras elección, aumentan

La senadora Cristina de Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le dirán el miércoles al jefe de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que los aumentos en las tarifas domiciliarias serán recién después de las elecciones de octubre de 2005. En cambio, se considera improbable que los enviados especiales del presidente Néstor Kirchner le pidan al Ejecutivo español que interceda ante el FMI y sólo comentarán las ideas en borrador de reprogramar pagos. Los funcionarios desarrollarán una agenda convencional: visita a las grandes empresas con intereses en la Argentina y otras aún no radicadas -turismo, construcción-que quieren saber las reglas de juego del gobierno argentino.

El gobierno apuesta a avanzar con la renegociación de los contratos de las privatizadas eléctricas entre diciembre y enero, y después continuar con las gasíferas. El objetivo sería mostrarles a los gobiernos de los países inversores, sobre todo España, que aunque no haya un programa con el Fondo Monetario, hay « disposición» para regularizar la situación con las privatizadas, que ya hace casi tres años tienen las tarifas pesificadas y congeladas.

En ese sentido se encaminarían, en parte, las reuniones que tendrán esta semana Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en España, con las empresas que tienen inversiones en la Argentina.

El management local de las empresas de energía se inclina por rechazar la propuesta que les formuló el gobierno a través de la unidad de renegociación. La oferta es similar a la que sí aceptó Edelap, operada por la norteamericana AES. Incluye un único ajuste de tarifas el año próximo y sólo para usuarios no residenciales, y aumentos graduales en 2006 que incorporarían a los hogares.

La suba sería de 25% sobre el «valor de distribución», la remuneración que perciben Edenor y Edesur, e implicaría un aumento en tarifa final a consumidores no residenciales de 15%. Pero las compañías consideran que «ese incremento está lejos de compensar las consecuencias de la pesificación y congelamiento de las tarifas».

También sostienen que no pueden renunciar a litigar ante el CIADI o cualquier otro tribunal por las consecuencias de la ley de emergencia, antes de que se realice la audiencia pública y el acuerdo haya sido aprobado por el Congreso, tal como pediría el gobierno.

• Sospecha

Sin embargo, en las empresas también hay alguna sospecha de que esta vez la opinión del management local puede no coincidir con el de la casa matriz. Esto es así por la particular relación del gobierno argentino con la administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

En Francia, Electricité de France, accionista principal de Edenor, ratificó la semana pasada la intención de desinvertir en la Argentina y en Brasil, como parte del proceso de racionalización de la empresa para privatizarla. La conducción local no sabe todavía si esa decisión facilitará el acuerdo con el gobierno o, por el contrario, endurecerá posiciones. Pero el sentido común indica que si se quieren ir rápido, los franceses aceptarán renunciar al CIADI, porque además, ya dijeron hace mucho que la inversión en nuestro país ya fue mandada a pérdida.

Queda, además, la cuestión con Transener y Transba, empresas con las que el gobierno llegó a un acta de entendimiento, pero está demorada porque el accionista anterior, National Grid, que le vendió al grupo Dolphin, no aceptaría renunciar al juicio ante el CIADI. En este punto, el gobierno está esperando un dictamen de la Procuración del Tesoro que fundamente que aquellos que vendieron sus acciones no tienen derecho a hacer juicio.