El anuncio de un aumento adicional de tarifas en abril, esbozado el fin de semana por Eduardo Duhalde en el Foro Económico Mundial en Davos, no despertó demasiadas esperanzas entre las privatizadas. Sin embargo, los dichos del Presidente sumados al decreto «transitorio» publicado el viernes en el Boletín Oficial fueron suficientes para disparar la acción de quienes se oponen férreamente a los incrementos tarifarios.
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Así, según trascendidos, la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, presentaría hoy mismo una medida cautelar para impedir la aplicación del decreto que faculta al Ejecutivo (a través del Ministerio de Economía) a retocar las tarifas. La presentación se efectuaría a pesar de que, al no haberse decidido aún ninguna medida que modifique los actuales cuadros tarifarios, no hay damnificados que defender. Los abogados de las privatizadas aseguraban a sus jefes que una medida de ese tipo debería ser rechazada «in limine» (casi sin revisarla) por el juez a cuyo escritorio fuera a parar. «Pero esto es la Argentina, y muchos magistrados se están mostrando mucho más permeables a esta clase de reclamos que lo que la ley permitiría», dijo a este diario el asesor legal de una de las empresas del sector.
De todos modos, el tema estaría más verde de lo que sugerirían las palabras de Duhalde. Según afirman las empresas, Roberto Lavagna no habría aún comenzado a darle forma a la resolución ministerial que otorgaría los aumentos -en principio-a las distribuidoras de gas y de energía eléctrica. Esto, sin embargo, no pudo ser confirmado por las empresas: «No hablamos antes de la sanción del decreto, no nos llamaron después de publicado y no se pusieron en contacto con nosotros durante todo el fin de semana. Si están trabajando en algo, no es con nuestro aporte», dijo otra alta fuente del sector.
Las privatizadas, más allá del silencio oficial, no esperan sorpresas: saben que el retoque tarifario se ubicará en los niveles que vienen anunciándose desde hace meses. Esto es, 7,2 por ciento para el gas y 9 por ciento para los usuarios de energía eléctrica, y que además 40 por ciento de ambos padrones quedaría excluido del reajuste por estar beneficiados por la denominada «tarifa social».
El sábado, Duhalde dijo a la salida de su reunión con Anne Krueger, la número dos del Fondo Monetario Internacional, que le había asegurado que el gobierno concedería a las empresas de servicios públicos un incremento adicional al que está previsto para febrero. «Es un problema menos que queremos dejarle al próximo gobierno», declaró el Presidente.
Esto no es del todo así: de acumularse ambos ajustes, el incremento total representaría algo así como la mitad del que vienen reclamando las empresas, o sea una suba similar al del índice de precios al consumidor desde el fin de la convertibilidad. «Seguramente el diálogo con Krueger podría acelerar los tiempos de Economía, que quizás tenía pensado estirar algunas semanas la firma de la reglamentación», dijo otra fuente de las privatizadas. «Pero igual estamos muy lejos, muy lejos...»
El ejecutivo se quejó de que el ministro Roberto Lavagna hubiera vuelto a afirmar que con los actuales niveles tarifarios «las empresas no tienen déficit operativo». Según el empresario, «lo que omite el ministro -porque es obvio que lo sabees que con las tarifas presentes no se invierte, no se renueva la tecnología, a gatas puede mantenerse la infraestructura que tanto costó construir, y en el corto plazo los servicios se deteriorarán».
En el sector también se suponía que en una primera etapa los incrementos serían sólo para luz y gas, como estaba previsto inicialmente, hecho que podría modificarse a la luz -de nuevo-del diálogo Duhalde/Krueger. «De confirmarse que ese diálogo existió, y se produjo en los términos que esbozó el presidente, los ajustes para peajes, teléfonos y transportes no podrían estar demasiado lejos», aventuró otro empresario.
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