Temen reunión de la Corte si dispone más 82% móvil

La Corte Suprema se prepara para dar a conocer más fallos sin tener en cuenta su impacto. Restablecería la movilidad de 82% en las jubilaciones y beneficiaría ahora a estatales e investigadores. Es un eslabón más de una cadena de decisiones populistas del máximo tribunal que incluso lo ponen por encima en demagogia del propio gobierno en tiempos preelectorales. La única duda que reinaba entre los jueces de la Corte que preside Enrique Petracchi es si los fallos se darán a conocer pasado mañana o la semana próxima. Hace siete días los jueces pidieron al gobierno 25% de aumento presupuestario, contra una inflación de 11%. Por si fuera poco, requerían que sus partidas se indexen por los precios. Ya habían dado 82% móvil a docentes y diplomáticos, y si los siguen extendiendo, generarían gastos por $ 11.000 millones. No puede ser peor el momento elegido por la Corte para su propia campaña ya que la recaudación sólo está subiendo por la inflación y por lo que crece la economía. Y el superávit fiscal, el activo principal del gobierno, va así rumbo a consumirse.

Enrique Petracchi

La única duda que reinaba entre los jueces de la Corte Suprema ayer era definir si el jueves -cuando se reunirán después del feriado largo- es el día adecuado para emitir un nuevo fallo en el que se reconoce la movilidad de 82% en jubilaciones. En rigor se trata de dos sentencias que beneficiarán a empleados estatales y a investigadores científicos y tecnológicos. Los jueces supremos aplicarán los mismos fundamentos que utilizaron para elevar los haberes previsionales de diplomáticos y docentes. Es decir, dirán que la Ley de Solidaridad Previsional -que eliminó la movilidad y prohibió que se fijen jubilaciones como una proporción del sueldo- no afectó a regímenes especiales y autónomos. Por lo tanto, éstos se mantienen plenamente vigentes.

El peligro de los fallos de la Corte es el impacto que provoca en las cuentas fiscales, porqueextiende el reclamo a otros sectores, poniendo en peligro el delicado equilibrio financiero.

Según un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), poco más de un millón de jubilados se encuentra en condiciones de ganarle un juicio a la ANSeS, porque no se cumple con la cláusula de movilidad de los haberes prevista en la Constitución, defendida en los últimos 15 días por la Corte Suprema.

Sostiene la consultora que debido al incumplimiento de la legislación vigente, el Estado acumuló desde la salida de la convertibilidad una deuda contingente superior a los 10 mil millones de pesos, el equivalente a 67 por ciento del actual superávit.

La advertencia de IDESA tiene un sentido: en los tribunales inferiores (donde se encuentra el grueso de las causas impulsada por los jubilados) hay una sentencia favorable al reajuste del haber previsional con posterioridad a 2002. Aunque todavía debe ser revisado, sus fundamentos coinciden con los que fijó la Corte Suprema.

• Colisión

El principal impacto de estos fallos del Tribunal es que colisiona con la política previsional que viene aplicando el gobiernodesde la devaluación. En 1995, el Congreso aprobó una ley que eliminó la movilidad y estableció que los haberes previsionales debían aumentar al ritmo que se incrementan los recursos disponibles de la ANSeS. Según datos oficiales, esos recursos aumentaron en 71%, entre 2002 y 2005. Entre los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo en 2001 la movilidad se está cumpliendo, ya que el haber mínimo aumentó desde $ 180 a $ 350. Sin embargo, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo e inferiores a 1.000 pesos recibieron un aumento de sólo 10 por ciento, mientras que los que tienen haberes por encima de los 1.000 pesos no recibieron ningún aumento.

En este contexto la consultora consideró que «las decisiones del Poder Judicial reafirmando la movilidad de los haberes previsionales demuestran que se trata de un proceso no sustentable».

«El superávit fiscal de caja refleja parcialmente la realidad, ya que no considera la deuda que se está acumulando con los jubilados y que se irá materializando a medida que avancen los juicios», subrayó IDESA.

No es la única advertencia que han recibido los jueces supremos. Ayer el titular de ANSeS, Sergio Massa pidió actuar con «responsabilidad» en materia de reformas al sistema de seguridad social, y sentenció que los aumentos de las jubilaciones deben llegar acompañados por un mecanismo que establezca cómo se financiarán esos incrementos.

«No se puede pensar en un esquema que cambie la lógica del sistema de seguridad social sin resolver también con qué se va a financiar, porque esas reformas impactan dentro de los próximos 10 o 20 años.»

El caso de los estatales que ahora abordará la Corte tiene como característica que por ley perdieron el régimen especial en diciembre de 1991, aunque los ya jubilados conservaron 82% móvil. El problema fue que la ANSeS no ajustó las jubilaciones otorgadas con anterioridad a la sanción de la ley, con el argumento de que la movilidad había sido derogada. Ese criterio fue rechazado en dos fallos que les dieron la razón a los estatales

En cuanto a los investigadores, éstos estaban cubiertos por un régimen que les reconocía 85% móvil del sueldo que tenía antes de jubilarse. Este sistema fue derogado en 1994, situación que hizo que el ANSeS dejará de otorgar nuevas jubilaciones bajo ese régimen y jubilará a los investigadores por la ley general. El gobierno de Néstor Kirchner volvió a instalar ese sistema con 85% móvil,pero sin la movilidad, porque entendía que la Ley de Solidaridad Previsional se mantenía vigente.