Tras Aerolíneas buscan controlar "paros salvajes"

Luego del reciente conflictode Aerolíneas Argentinas, Néstor Kirchner parece decidido ahora a controlar y evitar los llamados «paros salvajes». Para esto, y luego de negociar con Hugo Moyano, reglamentó ayer el demorado decreto que pone en funcionamiento el artículo 24 de la Ley 25.877 que limita las huelgas para garantizar «los servicios mínimos». Esta norma, que había sido aprobada en abril de 2004, apunta a limitar los paros en sectores claves como la salud y la educación, servicios como energía, gas y provisión de agua y el transporte en todas sus variantes.
 
Hasta la semana pasada, el decreto estaba redactado, pero no se habían mostrado intenciones de ponerlo en funcionamiento. Sólo el año pasado, se pensó en ponerlo en marcha. Fue durante la huelga del hospital Garrahan de agosto, que mantuvo a esa institución inactiva durante casi un mes.

Fue otro conflicto gremial, mucho más reciente, el que finalmente impulsó a Kirchner a ordenar la reglamentación de la Ley de Reordenamiento Laboral. El jueves, el Presidente y algunos funcionarios veían por televisión cómo los pasajeros de Aerolíneas Argentinas estaban varados en el aeroparque metropolitano. Las declaraciones de los turistas extranjeros, sumadas a varios actores famosos que debían volar hacia Mar del Plata para la inauguración del festival de cine, evento que el gobierno nacional quiere potenciar, hicieron que el jefe de Estado se interesara por el conflicto. Kirchner habló, además, con el subsecretario de Transporte Aerocomercial y dirigente gremial Ricardo Cirielli primero y con el titular de la CGT, Hugo Moyano, después.

Los anuncios los hicieron ayer en conjunto el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la número dos de esa cartera, Noemí Rial. La justificación de Tomada para avanzar en la norma es que «no es igual una huelga en un servicio esencial de un día que de una semana». Confirmó, además, que el decreto había sido negociado con la CGT y los representantes de las empresas, que a su vez enviarán cada una un delegado para integrar la Comisión de Garantías, que deberá determinar cuáles son las prestaciones esenciales y asesorar a Trabajo para definir lo que abarcará garantizar un servicio mínimo.

Ya está determinado que uno de los cinco integrantes de esa comisión provendrá de una terna que la CGT de Moyano ofrecerá al gobierno. La idea oficial es que un suplente sea nombrado por la CTA o por ATE.

Otro integrante de este cuerpo, que será autónomo y estará en funcionamiento en aproximadamente 10 días, vendrá de otra terna que enviará la Unión Industrial Argentina (UIA). En teoría, la entidad empresaria debería consultar con otras como CAME o AEA, para que definan quiénes serán los delegados de los empleadores en la comisión.

Otros dos integrantes deberán ser nombrados uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (luego de lo sucedido con el Consejo de la Magistratura no están en el mejor momento de la relación con el gobierno), y otro por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El quinto miembro será un funcionario del Ministerio de Trabajo. Este último será el único integrante de la Comisión de Garantías que podrá ser empleado público, ya que los otros cuatro no lo podrán ser.

• Misión

Esta comisión estará en marcha, aseguran en Trabajo, en abril. Su tarea específica será la de determinar si un servicio es o no esencial. Si lo es, el sindicato que ejerza el derecho de huelga deberá respetar las limitaciones que considere necesarias el Ministerio de Trabajo, previo envío de un informe de la Comisión de Garantías. Aquí se incluye tanto el personal que deberá continuar prestando servicios, como el horario, la asignación de funciones y la forma en que se debe garantizar la continuidad de esa actividad de una manera mínima.

En concreto, el gobierno apunta a terminar con los casos de «huelgas salvajes», según la interpretación oficial. Desde el Ejecutivo se dan cuatro ejemplos: la huelga del Garrahan, la de Aerolíneas Argentinas, la de los subterráneos en febrero y la de docentes de marzo de 2004 y 2005 en Corrientes, Salta, Misiones y Buenos Aires.

Tomada respondió también ayer sobre la aplicación de la restricción. Según el ministro, todo estaría asegurado porque la ley en cuestión, la 25.877, está inspirada en su redacción en las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como la Constitución refiere todas las leyes internas a los pactos internacionales, en última instancia se avala esta ley ya reglamentada.