Tras reunión en Trabajo, empleados de comercio y Carrefour acordaron que no habrá despidos

Trabajadores, funcionarios de Trabajo e integrantes de Carrefour mantuvieron su primera audiencia.

El Ministerio de Trabajo comunicó oficialmente esta tarde que funcionarios, sindicalistas mercantiles y empresarios de la cadena multinacional francesa Carrefour mantuvieron hoy "la primera audiencia" en la sede laboral, luego de la presentación patronal de la semana anterior del denominado "procedimiento preventivo de crisis" de la compañía.

Un comunicado de prensa de la cartera laboral señaló hoy que los representantes de la firma y de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), liderada por Armando Cavalieri, y los funcionarios de Trabajo "se interiorizaron respecto de la situación" y coincidieron en señalar que el encuentro fue "muy productivo".

"De forma tripartita, las partes se mostraron predispuestas a trabajar de manera conjunta para preservar las fuentes de empleo y la sustentabilidad de la empresa", señaló Trabajo.

En la reunión, que se extendió durante dos horas, participaron el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau; el director nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Adolfo Saglio Zamudio, y Karina Palacios, directora nacional de Asociaciones Sindicales.

Por la organización sindical del sector mercantil lo hicieron los asesores letrados Alberto Tomassone y Jorge Barbieri y, en representación de la empresa, concurrieron Leonardo Scarone, director de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos, y Diego González, de Relaciones Laborales.

La convocatoria de Trabajo respondió a la necesidad de evitar posibles despidos y suspensiones en la multinacional, en el contexto del procedimiento preventivo de crisis. El encuentro se realizó desde las 17 en la sede laboral de la Avenida Callao 114.

La Faecys había decidido el alerta nacional el viernes último, luego de la presentación realizada por el hipermercado galo ante Trabajo, en la que planteó "serias dificultades" y "la necesidad de reducir la plantilla de trabajadores", integrada por 20 mil empleados.

"Es un conflicto a nivel nacional. La culpa de la crisis no es por una baja de ventas, sino por una mala administración empresaria desde hace 12 años y por eso echaron a toda la cúpula de la filial local, desde el director general hasta gerentes de sucursales", enfatizaron desde el gremio que encabeza Armando Cavallieri a este medio.

Los sindicalistas remarcan que bajo la gestión del exCEO Daniel Fernández se tomaron "malas" decisiones empresariales, que le provocaron a multinacional azul y roja una pérdida de posición en el mercado doméstico; se firmaron "escandalosas" contrataciones de empresas proveedoras, como las de seguridad, logísticas o repartos a domicilio; se terciarizaron sectores internos de los híper, como el de carnicería; se realizaron polémicos proyectos inmobiliarios, y se hicieron compras "equivocadas" de mercadería. Este combo terminó por "alejar" a los clientes, con la sucesiva pérdida de "fidelidad".

"Fue una gestión empresarial totalmente deficitaria. Aparte de la rotación normal de personal de los supermercados, se encararon algunas reformas con retiros voluntarios. Nosotros hicimos los deberes como organización sindical, pero nosotros no vamos a pagar el costo de las malas decisiones que tomaron ellos", sostuvo un hombre fuerte de la seccional Capital del SEC a ámbito.com.

En esta línea, los gremialistas minimizaron el impacto de los super chinos en la crisis y la caída generalizada del consumo, ya que otras cadenas de hipermercados y comercios de cercanía no cerraron ni están en la misma situación.

Las fuentes informaron a ámbito.com que el encuentro fue convocado para las 17 en la sede de Callao 114. Según anticipó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el PPDC abarcaría a alrededor de 2.000 empleados que se desempeñan actualmente en "las grandes superficies y no en los pequeños locales".

El PPDC permitiría que el Gobierno nacional se haga cargo de una parte de los salarios de esos empleados durante un tiempo, hasta que la compañía reordene el negocio. Sin embargo, esa misma iniciativa prevé que transcurridos los plazos y sin solución, se habiliten las desvinculaciones. Lo que hoy se discutirá será cuántos meses el Estado deberá abonar una porción de los sueldos.