Unión Europea vuelve a presionar por suba de tarifas

Argentina deberá alcanzar en los próximos meses un acuerdo satisfactorio con las empresas europeas en la renegociación de tarifas de servicios públicos, o las relaciones políticas con el bloque se verán afectadas, advirtió el martes un funcionario de la Unión Europea (UE).

Argentina congeló hace casi tres años las tarifas de los servicios públicos -que en gran parte están en manos de firmas europeas- luego de devaluar su moneda para evitar que una escalada de precios golpeara aún más a una población, que ya estaba sitiada por la inflación.

Las compañías exigieron una rápida recomposición de sus tarifas, pero no lo lograron y, al igual que el país, muchas cayeron en cesación de pagos al no poder hacer frente con recursos depreciados a sus dolarizadas deudas, que tampoco fueron cubiertas por las casas matrices.

A pesar de que el gobierno puso en marcha una negociación, la lentitud del proceso y las sucesivas dilaciones aumentaron la presión. Las compañías mantienen juicios en tribunales internacionales contra el país en reclamo de cumplimiento de contratos con tarifas que estaban fijadas en dólares.

"Todo el mundo es consciente que esto se tiene que solucionar en los próximos meses. Es el marco de tiempo indispensable para ya salir de las dificultades", dijo a periodistas el español Eneko Landaburu, director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea.

Agregó que nuevas dilaciones afectarían "las relaciones económicas, pero claro está que todas las relaciones políticas están en parte determinadas por la económica (...) Mi responsabilidad es decir esto a los responsables argentinos: que sepan que esto es lo que está en juego y que puede ser mucho más importante que un detalle técnico".

La renovación del reclamo, que llevó al presidente Néstor Kirchner a chocar duramente en público con empresarios europeos, se da en momentos en que el gobierno impulsa un plan para cancelar toda la deuda del país con el FMI para evitar el monitoreo del organismo sobre su economía.

El FMI ha sido una de las puntas de lanzas en el reclamo de actualizar las tarifas.

La solicitud de subir las tarifas de los 63 contratos de servicios públicos que hay en el país -quedan 40 pendientes- ha sido permanente desde la devaluación de enero del 2002.

Las empresas afirman que con el actual nivel de precios no pueden garantizar una normal prestación y mucho menos realizar las inversiones estipuladas por algunos de los contratos.

Landaburu fue aún más lejos.

"Si a una empresa se le imponen unos precios en particular y se la obliga a llevar a cabo todo un conjunto de obligaciones sociales se le limita su capacidad de vivir", dijo.

El funcionario reconoció que el contexto económico argentino cambió desde la década pasada cuando se suscribieron los contratos, pero que el nuevo marco regulatorio debe respetar los estándares internacionales.

La seguridad jurídica y la no discriminación de la inversión extranjera son fundamentales para que "se mantenga el flujo de inversiones de Europa a Argentina", apuntó Landaburu.

Argentina comenzó a renegociar las tarifas con algunas de las firmas y, según el funcionario español, habrá conversaciones con otras 13 empresas entre diciembre y enero.