Un diario -que no es Ambito Financiero- dio en tapa la posibilidad de que el gobierno llame a una «consulta popular» sobre la deuda, un plebiscito contra el FMI y preguntando a los argentinos: ¿pagamos más a los acreedores que reclaman o no? Sería un recurso extremo, similar al que se barajó (y no se hizo) antes de que Néstor Kirchner les pusiera precio a las cabezas de la denominada «mayoría automática» menemista de la Corte Suprema (en esos momentos, también se habló de un plebiscito para preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con «renovar» o no el máximo tribunal).
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A modo de amenaza a los organismos financieros internacionales y, sobre todo, de los acreedores externos, la idea -que se atribuye al subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel (el mismo que lanzó la nominación de Cristina de Kirchner en la provincia de Buenos Aires)- apuntaría a lograr un previsible respaldo popular y así sostener la propuesta de una quita de 75% de la deuda.
El proyecto parece un absurdo. Por varias razones. ¿Cuántos argentinos, para empezar, irían a votar en contra de sus propios intereses diciendo «sí paguen» a los extranjeros? Salvo los que tienen títulos defaulteados, unas 200.000 personas aquí sobre un total de 500.000 con los externos. Resulta impensable que se opongan a la quita sabiendo que lo contrario -pagar más- podría derivar en un perjuicio doméstico. Obviamente, habría, por las dudas, una fuerte propaganda oficial en favor de votar en el sentido que desea el Ejecutivo. Está de más señalar que sería un factor irritativo -e innecesario- para los acreedores. Fundamentalmente, un plebiscito sobre una obligación del país significa la carencia de aptitud del gobernante electo y de los congresales. Hitler ganó una elección en Alemania con más de 80%. ¿Sería justo inmolar a 6 millones de judíos simplemente porque lo hubieran dicho los alemanes en un plebiscito? Raúl Alfonsín recurrió a un plebiscito por el Beagle y fue justo. No estaba claro si los argentinos aprobaban o no un arbitraje donde perdíamos tres islas que le dieron salida a Chile al Atlántico. Las perdimos porque los argentinos votaron y dijeron: «Sí, soportemos este tratado y esta pérdida», pero terminemos la discusión y el riesgo de guerra. Pero pedir sobre pagar o no es incorrecto. Suena a excusa del gobernante. Una elusión de responsabilidades.
Pero hay otra interpretación. El gobierno influiría -si avanza el plebiscito- en que la población diga, como en el Beagle, sí paguemos, porque si no faltarán inversiones, pagarán nuestros hijos, etcétera. O sea, se induciría lo justo desde el gobierno. ¿Por qué? Porque así se salvaría la imagen presidencial de tantas afirmaciones fuertes. «No me doblarán la mano, no acepto presiones», etcétera. Con esto, Kirchner logró calmar a la izquierda, pero, obviamente, desafiar al mundo y robarle sus ahorros es política suicida a mediano plazo. Un plebiscito no es correcto. Sería pasable sólo con esta segunda imagen de salvar una palabra presidencial, como siempre demasiado comprometida por excesos.
También hay cuestiones técnicas que habría que tener en cuenta. Hay dos clases de consulta popular, la vinculante y la no vinculante (una crea obligatoriedad para el Estado y la otra, no). La primera sólo puede realizarse a instancias de la Cámara de Diputados; es decir, que ya no podría ser una iniciativa presidencial, tal cual sucede con la idea en análisis. La consulta vinculante exige un piso de 35% del electorado que se haya expresado en las urnas. En este supuesto -de la consulta sobre la deuda-, se trataría de una iniciativa del Ejecutivo, razón por la cual podría tomarse por decreto, sin necesidad de sancionar una ley en el Congreso. Sin embargo, sólo tendría características de consulta no vinculante, lo cual la circunscribe a un respaldo testimonial sin efectos jurídicos o políticos reales.
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