Aceleran causa penal contra Peña por “abrir” datos confidenciales de ANSES

Cumbre. Marcelo Colombo, Sebastián Casanello, Marcelo Sánchez Sorondo, Daniel Rafecas y Gustavo Vera expusieron en la Legislatura.

En menos de cuatro días, dos fiscales federales se pronunciaron de forma contrapuesta sobre abrir una investigación penal por la posible existencia de un delito en el convenio de transferencia de datos personales de la ANSES a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Mientras que Guillermo Marijuan desestimó una denuncia formulada por legisladores K, su par, Federico Delgado impulsó ayer la acción contra Marcos Peña, tras una denuncia interpuesta por una abogada particular. Para el representante del Ministerio Público Fiscal existen sospechas suficientes por la posible utilización de información sensible de los ciudadanos.

"La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno", sostuvo el fiscal en un escrito dirigido al juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa. La letrada Valeria Carreras no sólo presentó una demanda para impedir la transferencia en el fuero contencioso administrativo federal, sino que nutrió de pruebas de supuesta utilización de las bases de datos para propaganda la causa que instruía Ariel Lijo con la intervención de Marijuan. Sin embargo, ese expediente sumó elementos para el cierre tras la desestimación del fiscal. Ayer, Carreras apuntó a convertirse en querellante del otro expediente que ya cuenta con impulso para su apertura por los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

En su requerimiento, Delgado pidió que se "encomiende al órgano de control de la Ley 25.326 -la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación- que evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de ANSES (y todos sus anexos)". Ese estudio "debería ser encomendado a la Procuración del Tesoro de la Nación, y a dos expertos más independientes del Poder Ejecutivo Nacional", estimó el fiscal entre las medidas de prueba que deberá ahora validar el juzgado. La abogada pidió que se cite al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en su momento había sido director ejecutivo del organismo previsional y en el que había dictado resoluciones de resguardo de datos sensibles que se alojan en sus bases. En 2004, denunció la cesión de datos a empresas privadas.

Por otra parte, Delgado pidió a Casanello "solicitar a los efectos de vista y prueba el expediente en que está tramitando la acción de amparo presentada por la denunciante, a fin de establecer qué se resolvió sobre el fondo del asunto". Allí el Gobierno contestó el pedido de informes ante la jueza María José Sarmiento el 22 de agosto. Después, la resolución quedó en suspenso al quedar subsumido en un amparo colectivo presentado por los mismos legisladores kirchneristas que encontraron bloqueada la vía penal. Al Ejecutivo le habían renovado hasta hoy el plazo para volver a presentar su informe, ahora en el proceso colectivo. Hasta ayer, no había habido todavía un pronunciamiento de la Justicia en lo contencioso administrativo que debía primero recibir el descargo del oficialismo.

Ya hace un mes, el Gobierno anunció en el Boletín Oficial la Resolución 166-E/2016 firmada por Peña por la que se suscribía un convenio para la usar datos personales de los ciudadanos. "Nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios" eran los registros de los ciudadanos consignados para, según la resolución, "contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública". La oposición y especialistas en la normativa de resguardo de datos personales habían cuestionado la decisión gubernamental, y desde el kirchnerismo alertaron que no sería posible que la Jefatura de Gabinete procesara la información almacenada en ANSES sin recurrir a compañías privadas, lo que implicaría una cesión de bases de datos a terceros, ajenos al interés para el cual el ciudadano aportó esa información al organismo de la seguridad social.