El texto introduce un párrafo sobre los “abusos de autoridad” de jueces e investigadores.
ACORRALADO. El presidente deberá definir si acepta o veta la normativa que será tratada próximamente en el Senado.
Brasilia - Los responsables de la investigación de la corrupción en Petrobras, conocida como "Lava Jato", anunciaron ayer que renunciarán al caso si se aprueba una reforma que propone castigar con cárcel a fiscales y jueces que actúen por causas "político-partidarias", que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Brasil.
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La decisión, anunciada en una conferencia de prensa, fue una respuesta a un paquete de nuevas medidas contra la corrupción que incluyó esa polémica propuesta y fue aprobado a última hora del martes por los diputados. Ahora pasará al Senado para una segunda discusión.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos aseguró que esa propuesta impedirá "la continuidad de cualquier investigación sobre poderosos, parlamentarios y políticos y crea una intimidación y un riesgo personal" para los miembros del Poder Judicial. Por su parte, su par Deltan Dallagnol, uno de los coordinadores de las investigaciones de "Lava Jato" (lavadero de autos), aseguró que la iniciativa aprobada supondrá "el fin" de ese proceso y además dejaría "herido de muerte al Estado de derecho".
Los fiscales explicaron que todos los miembros del Poder Judicial están actualmente bajo las mismas leyes penales y civiles que rigen para todos los ciudadanos y que la inclusión de fórmulas como las que implementaron los diputados representan un "claro intento de intimidar e inhibir" las investigaciones contra "poderosos".
El proyecto endurece las penas contra algunos delitos de corrupción, pero introduce un polémico párrafo sobre los "abusos de autoridad" en que incurran jueces y fiscales, que pudiera ser condenados a prisión por causas genéricas, como actuar con "motivaciones político-partidarias". El texto base del paquete de medidas contra la corrupción fue aprobado prácticamente por unanimidad, con una mayoría de 450 votos contra uno, pero la propuesta rechazada por los fiscales se incluyó en una serie de enmiendas discutidas tras esa primera votación.
En el caso de la enmienda que tipifica el abuso de autoridad de los jueces, que fue formulada por el Partido Democrático Laborista (PDT), hubo 313 votos a favor y 132 en contra. El párrafo añadido trata sobre los "abusos de autoridad" en que incurran jueces y fiscales, que pudieran ser condenados hasta a dos años de prisión por causas genéricas. Esa fue una acusación recurrente de los sectores políticos salpicados por la investigación de la trama de corrupción en Petrobras, que salpicó a decenas de políticos y una veintena de empresas privadas y aún no concluyó, por lo que la lista de implicados podría aumentar aún más. La decisión de los diputados se da, además, luego de que 76 ejecutivos de Odebrecht acordaran entregar información sobre 150 políticos vinculados al esquema de sobornos a cambio de una reducción de sus penas.
Además de los fiscales, se pronunció contra esa propuesta la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia Antunes, quien advirtió de que esa iniciativa puede "contrariar la independencia del Poder Judicial". En una nota oficial, Antunes reafirmó su "integral respeto al principio de la separación de poderes", pero subrayó que se veía en la necesidad de "lamentar" la aprobación de esa enmienda y agregó que "se puede intentar callar a los jueces, pero nunca se consiguió ni se conseguirá callar a la Justicia".
El paquete de medidas anticorrupción fue producto de consultas hechas por el Ministerio Público con la sociedad, pero el texto aprobado en primera instancia por los diputados alteró muchas de las propuestas. No obstante, los legisladores desistieron de promover la más polémica de las propuestas, que circuló la semana pasada en un texto sin autoría y que proponía una amnistía para delitos relativos a la financiación de campañas electorales, que es uno de los ejes de las investigaciones en Petrobras.
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