Evitan DNU en prórroga para basura de Capital

Diego Santilli

Esta semana vence el contrato más oneroso que paga la Capital Federal, y por segunda vez, pero el Gobierno de Mauricio Macri encontró un atajo para eludir la firma de un decreto de necesidad y urgencia y prorrogar los contratos de recolección de residuos a pesar de la fecha de caducidad.

Sin embargo, el macrismo se ve obligado ahora a conciliar con la oposición el mecanismo para la nueva licitación. La Ciudad gasta cerca de $ 1.000 millones al año para levantar los residuos domiciliarios y actualmente están concesionados a cinco empresas con una zona para cada una, además de la parte sur del distrito, que controlan empleados municipales.

El intento de la administración macrista de llamar a un nuevo concurso por 10 años fracasó el año pasado, y si bien la gestión ya cumplió dos años, no aceleró el trámite para renovar la concesión. Es que para un contrato mayor a cinco años se requiere el acuerdo de los legisladores. Por eso en su momento Aníbal Ibarra cambió el sistema y llamó a licitación por cuatro años, con opción a uno más, que es el que vence ahora. Una cláusula que permite la continuidad por otros seis meses cuando la licitación está en proceso permitió que el nuevo ministro del área, Diego Santilli, prorrogara simplemente con una resolución por tres meses más el contrato. Pero debe hacer el llamado que demoró el ex ministro Juan Pablo Piccardo, hoy directivo de la empresa estatal de subtes.

En principio, Macri había estudiado la posibilidad de formular un DNU. Lo desalentaron, claro, las complicaciones que provocó en el Gobierno nacional la norma de ese estilo para el uso de las reservas del Banco Central. Aunque el tema nada tiene que ver con el local, el macrismo no quiso arriesgarse a ser blanco de la oposición por la medida.

Por el momento se mantiene la idea de reducir la cantidad de prestadores y bajar a sólo tres zonas la adjudicación, que bien podría hacerse al estilo Ibarra, sólo por cuatro años, y evitar el acuerdo legislativo que, con la renovación de bancas que debuta en marzo, se complicará para el oficialismo (que en la Capital es PRO).

La oposición, entre ellos el ibarrismo y aliados a Proyecto Sur -la agrupación que responde a Pino Solanas- piensan presentar en los próximos días un proyecto de ley referido a los lineamientos que consideran deberán imponerse en el llamado a licitación del nuevo contrato de recolección de residuos domiciliarios.