Guerra por medios anima pujas en los tribunales de la Capital

Mauricio Macri

La ley de libertad de expresión impulsada por Mauricio Macri se discutirá en el Tribunal Superior de Justicia porteño por un pedido de la Defensoría General de la Ciudad. Debate técnico, de índole constitucional, pero atravesado por asuntos sensibles como la causa por la ley de medios que tramita en la Corte Suprema de Justicia y las confrontaciones internas del ámbito de los tribunales.

La norma que entró en vigencia hace semanas es objetada por Mario Kestelboim, defensor general porteño e integrante de la agrupación Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo. El funcionario plantea que la ley, formulada a partir de un decreto firmado por Macri que fue aprobado en la Legislatura, tiene artículos supuestamente inconstitucionales y que chocan con lo dispuesto en el ordenamiento federal.

El argumento de Kestelboim es similar al entendimiento de la procuradora general Alejandra Gils Carbó: la ley porteña, así como la que emitiera el Gobierno de Córdoba, no busca proteger la libertad de expresión, sino a las empresas de medios de comunicación radicadas en dichos distritos.

La ley apoyada por el PRO tiene injerencia en la trama judicial que involucra al Gobierno y al monopolio Clarín. Los abogados de la empresa se apoyan en esta norma desde su promulgación en caso de que la Corte Suprema emita un fallo favorable al oficialismo. Aseguran, al igual que los letrados del jefe de Gobierno, que la ley porteña protege derechos contemplados en la Constitución y que la propia carta magna faculta a las distintas jurisdicciones a que éstas generen sus elementos judiciales para tal fin.

Ahora ambas visiones llegan al Tribunal Superior, un escenario inspirado en el derecho europeo y cuya principal atribución es ser, justamente, un filtro de constitucionalidad. La llamada "corte porteña" se completó el mes pasado con la llegada de la camaristas Inés Waimberg de Roca (nombrada con apoyo del macrismo) y es presidida por Luis Lozano, juez de buena relación con Ricardo Lorenzetti.

A mediados de junio Lozano participó de un encuentro de jueces en México y desarrolló una ponencia sobre la relación entre las instancias judiciales nacional y locales. Valoró la posibilidad de los jueces de este segundo ámbito de entender la inconstitucionalidad de las normas sancionadas por el Congreso o presentes en los tratados internacionales como un signo de su independencia en un estado de derecho. Para tener en cuenta.

La embestida de Kestelboim es acompañada por un planteo realizado por el AFSCA en el fuero contencioso administrativo federal. Allí el Gobierno plantea que la ley porteña encuentra discrepancia con la ley de medios votada por el Congreso, especialmente el articulo 17 que excluye a las empresas licenciatarias radicadas en la Ciudad de estar sometidas a la ley de defensa de la competencia sancionadas para medios de comunicación. Es probable que haya una declaración de incompetencia en dicho fuero ya que en esos jueces impera la tesis de que las cuestiones de libertad de expresión son locales (a esto se suma el dato de que desde hace dos meses se trata de una de las instancias más adversas para el oficialismo). En ese caso el reclamo viajaría a la Justicia en lo contencioso de la Ciudad.