La Justicia le asestó dos duros golpes al Gobierno de María Eugenia Vidal, en medio del paro que ayer dejó desiertas las aulas de las escuelas públicas bonaerenses.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, ordenó a la provincia abstenerse de dictar la conciliación obligatoria en el conflicto docente y le exigió que no adopte decisiones que limiten el derecho a huelga.
Además, el fallo de primera instancia, que responde a la presentación realizada por el Frente Gremial Docente, ordenó al Poder Ejecutivo "abstenerse de ejercer cualquier acto o hecho que afecte el derecho a huelga de los trabajadores docentes".
La medida cautelar fue solicitada por los gremios de SUTEBA que encabeza Baradel y por el Frente de Educadores Bonaerenses, que lidera Mirta Petroccini. También el fallo indica que "en caso de no arribar a un acuerdo entre partes la solución del conflicto recaiga en un órgano imparcial tal como prevé el artículo 39 inciso 4 de la Constitución Provincial".
El juez decidió "admitir la medida cautelar solicitada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires y la Federación de Educadores Bonaerenses. Y ordenó "cautelarmente al Poder Ejecutivo de la provincia a que se abstenga de ejercer cualquier hecho o acto que implique la supresión del derecho a huelga de los trabajadores afiliados a las entidades actoras".
Para el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, la resolución "carece de fundamentos y no tiene relevancia jurídica", al tiempo que adelantó que apelarán la medida y consideró que debería ser revocada en un tribunal de alzada, organismos cuya constitución permanece trabada en la Legislatura.
Por otra parte, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 4° dio curso a la presentación de UDOCBA que ordena a la administración provincial restituir lo descontado en la medida de fuerza del 1 y 2 de agosto 2016. La jueza María Ventura Martínez dio nuevamente curso a la demanda iniciada por ese sindicato para que no se les apliquen los descuentos. Además, pone bajo apercibimiento la aplicación de multas de $1.000 diarios "por cada día de demora", de hacerse efectiva esa responsabilidad por parte del director general de Escuelas, Alejandro Finocchiaro y los funcionarios responsables.
Dejá tu comentario