“Pitu”, vocero oficial, dice que perdió bolsa con munición

Alejandro «Pitu» Salvatierra

La búsqueda de una bolsa con cartuchos de escopeta recogidos de las inmediaciones del Parque Indoamericano, donde se produjeron tres asesinatos hace tres semanas, puede terminar en el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Uno de los referentes de los ocupantes del predio, Alejandro «Pitu» Salvatierra, declaró ante la Justicia y dijo no tener consigo la bolsa de la que había dado cuenta un testigo, aunque prometió buscarla. Sin embargo, otra versión recogida en la causa señala a Fernández como portador de esas pruebas, por lo que no se descartaba un planteo a la Jefatura de Gabinete para profundizar esa línea.

Salvatierra declaró el lunes ante el fiscal Sandro Abraldes y reconoció haber tenido en sus manos la bolsa. Pero dijo que luego la perdió de vista y que no había podido recuperarla para entregarla durante la audiencia. Hasta anoche, el fiscal no había tenido noticias de «Pitu», que había prometido averiguar entre sus allegados para establecer cuál de ellos se había quedado con los elementos.

El dato de la bolsa fue captado por el fiscal durante una recorrida que hizo el jueves pasado en la villa 20 y en el predio del Indoamericano junto a otro de los referentes de los ocupantes, Diosnel Pérez. En esa instancia, y junto al personal de Gendarmería, Abraldes se puso en contacto con vecinos que le acercaron algunos cartuchos recogidos en los días posteriores al desalojo del parque. Y por primera vez escuchó la historia de la bolsa.

Uno de los relatos ubicó a Salvatierra como cuidador de la bolsa. Otros, en cambio, dijeron que el referente se la había entregado al jefe de Gabinete. De no aparecer en las próximas horas las pruebas, el fiscal analizará enviarle un escrito a Aníbal Fernández para pedirle explicaciones.

Sugerencia

Salvatierra reconoció haberle ofrecido al funcionario la guarda de la bolsa. Pero declaró que Fernández le sugirió quedársela para entregársela a un investigador judicial. El fiscal tampoco descarta abrir un nuevo expediente por presunto encubrimiento o sustracción de pruebas.

Abraldes instruye la causa, a cargo del juez Eliseo Otero, en la que se investigan los asesinatos de Rosemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro, durante el primer desalojo del predio, y de Juan Castañeta Quispe, en los incidentes que se produjeron en los días posteriores.

La hipótesis que maneja el fiscal apunta a la responsabilidad de la Policía Federal. Si bien la fuerza informó que sus efectivos habían concurrido al operativo con escopetas preparadas para disparar postas de goma, los peritajes realizados por Gendarmería llevaron a Abraldes a pensar que el personal había utilizado balas de plomo. La línea de investigación que conduce a la Federal es más firme que la relacionada con la Policía Metropolitana, cuyos efectivos estaban en zonas más alejadas de los lugares donde se produjeron los primeros dos homicidios.

Aunque el fiscal está a cargo de la instrucción del sumario, ayer le envió el expediente al juez para que resuelva los pedidos de familiares de víctimas para constituirse como querellantes. Así lo hicieron la madre y las hermanas de Salgueiro y la mujer de Castañeta Quispe.