Provincias resisten cambio en ley de imputabilidad

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El debate que el Gobierno nacional intentará dar en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad de los menores choca con la voluntad de las provincias. Luego de los planteos en contra que realizaron inicialmente, varios gobernadores decidieron encarar reformas de los códigos de procedimiento penal que se adapten a la realidad particular de su provincia.

El primero en abrir esa discusión fue el peronista de La Pampa, Carlos Verna, quien tras anticiparlo en la apertura de sesiones legislativas, ordenó a su equipo de Gobierno la elaboración de un anteproyecto para modernizar la Ley del Procedimiento Penal Juvenil.

El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusan, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, y el secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, confirmaron la creación de una comisión integrada por el aporte de diversos organismos como el Colegio de Psicólogos, representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, Poder Judicial, Colegio de Abogados, de Asistentes Sociales, asociaciones civiles vinculadas a la temática de niñez y de la Defensoría de niños y adolescentes de La Pampa. La comisión se reunirá por primera vez el miércoles 15 de marzo en el Centro Cívico.

Bensusan consideró que "es necesaria la modernización de la legislación provincial respecto al procedimiento, si bien creemos que es necesaria la modificación, el Gobierno está totalmente en desacuerdo con la baja de la imputabilidad de menores".

La postura pampeana coincide con los argumentos que oportunamente realizaron varios mandatarios al conocer las modificaciones que se plantean desde la órbita del Ministerio de Justicia que comanda Germán Garavano. Los gobernadores, sin bien se mostraron a favor de la necesidad del tratamiento en el ámbito del Congreso de la Nación, de la modificación de la Ley Nacional 22.279 sobre Responsabilidad Penal de la Minoridad, cuestionaron la intención de habilitar la prisión para menores de 16 años.

La resistencia de las provincias se fundamenta en que el enfoque nacional tiene que ver con la cantidad de delitos cometidos por menores, sobre todo en Buenos Aires y en Capital Federal, soslayando la realidad de muchos distritos donde la participación de menores no alcanza los niveles de las grandes ciudades.

En tanto, la secretaria de Niñez santacruceña, Alejandra Shanahan, consideró que la propuesta nacional "implica un retroceso en materia de derechos humanos".

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