Río Negro ya tiene su protocolo para detener menores por delitos

Se unificaron marcos de acción que dan responsabilidades a la policía y ministerios para arrestar adolescentes. Se suma a polémica en Mendoza.

Alberto Weretilneck

El gobierno de Río Negro formalizó a través de un documento firmado en Viedma un protocolo de actuación para que la policía provincial pueda detener menores en la vía pública ante la presunta comisión de un delito.

La iniciativa estará coordinada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y los ministerios de Salud y Seguridad y Justicia del gobierno de Alberto Weretilneck y permitirá unificar acciones para brindar atención a menores de edad detenidos por ser presuntamente autores de un delito y posteriormente alojados en Centros de Admisión (CAD) o Unidades de Orden Público.

En el acto estuvo presente el vicegobernador Pedro Pesatti, quien resaltó que "el protocolo viene a incorporarle a las políticas públicas en esta materia un marco de actuación que garantiza lo que nuestro gobernador estableció como una prioridad, fundamentalmente cuando tomó la decisión de crear una Secretaria de Estado que atiende la problemática del niño, niña y el adolescente".

La decisión llega tras una polémica ocurrida en 2016, cuando el gobierno de Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) dio aval a detención de menores y generó tensión con la Defensoría de Menores. El asunto llegó a la Justicia y el Superior Tribunal de Justicia le dio la derecha al gobierno rionegrino.

Ahora, este acuerdo brinda un nuevo marco de acción, donde se especifica, por ejemplo, dónde deberán alojarse los menores hasta que se resuelva su situación, con custodia permanente, derivación rápida e intervención de Salud en caso de intoxicación.

La firma del protocolo rionegrino se suma a un polémico proyecto impulsado en Mendoza esta semana por el gobernador radical Alfredo Cornejo. El mandatario envió a la Legislatura provincial un proyecto de Ley de Responsabilidad Juvenil que incluye responsabilizar a los padres de menores de 16 años que cometan delitos.

En la iniciativa, el Ejecutivo busca que los padres se hagan cardo de los daños que cometan sus hijos y que no puedan pagar por sí mismos, es decir, los menores de 16 años que no son punibles.

De ser sancionada la ley, todo el ámbito penal juvenil se extenderá desde los 16 hasta los más chicos sin límites inferiores.