Colectivos a GNC y eléctricos: crece la preocupación por un posible cambio en las reglas del transporte

La Secretaría de Transporte evaluaría eliminar los incentivos económicos para las unidades a gas y eléctricas que operan en el AMBA. La medida abriría interrogantes sobre la seguridad jurídica, las inversiones en tecnologías menos contaminantes y la competencia entre fabricantes nacionales e importados.

La expansión de las unidades importadas a GNC modificó el escenario para algunos actores tradicionales del mercado local, que perdieron terreno frente a esta alternativa

uLa posibilidad de que el Gobierno dé marcha atrás con los incentivos para los colectivos a gas natural comprimido (GNC) y eléctricos encendió señales de alerta en el sector del transporte. La eventual decisión modificaría las condiciones económicas bajo las cuales las empresas incorporaron estas tecnologías y pondría en discusión el rumbo de la política de renovación de las flotas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El eje de la preocupación es la Resolución 31/2026, que establece un reconocimiento económico diferencial para los servicios de jurisdicción nacional del AMBA. La norma contempla un incremento del 30% en la Tarifa Teórica de Referencia (TTR) por los pasajeros transportados en unidades a GNC y del 50% para aquellos movilizados en colectivos eléctricos. La herramienta constituye el principal incentivo monetario directo para promover la incorporación de estos vehículos.

El esquema regulatorio vigente reúne, además, otros mecanismos: el reconocimiento de costos específicos para las unidades a gas y eléctricas, la incorporación de incentivos en las tarifas de referencia y las compensaciones, y distintas obligaciones o señales regulatorias orientadas a acelerar la renovación del parque automotor y reducir la utilización de colectivos diésel.

En ese contexto, una eventual eliminación de los beneficios abriría interrogantes sobre la continuidad de la política de transición energética. Entre los puntos que generan inquietud aparece la falta de claridad sobre los motivos que justificarían retirar una herramienta diseñada para favorecer tecnologías menos contaminantes y estimular la modernización de las flotas.

Metropol, entre los más afectados por un eventual cambio

Uno de los grupos que quedaría más expuesto a una modificación de las reglas sería Metropol. La compañía puso recientemente en circulación 160 colectivos a GNC importados de China y tiene otras 150 unidades de esa tecnología en camino hacia la Argentina.

La empresa representa en el país a King Long, fabricante chino cuyos vehículos ofrecen costos inferiores a los de unidades producidas localmente. En ese marco, la quita del incentivo podría alterar la ecuación económica sobre la que se apoyó la inversión y cambiar las condiciones bajo las cuales se planificó la incorporación de nuevos colectivos.

La discusión también tiene una dimensión competitiva. La expansión de las unidades importadas a GNC modificó el escenario para algunos actores tradicionales del mercado local, que perdieron terreno frente a esta alternativa. Por eso, una eventual marcha atrás con los incentivos podría beneficiar a empresas vinculadas con fabricantes nacionales, aunque el efecto concreto dependerá de cómo se instrumente la medida.

La discusión por la seguridad jurídica y el rumbo de la política de transporte

Más allá de los intereses comerciales de cada compañía, el posible cambio genera preocupación por la previsibilidad regulatoria. Las empresas que ya incorporaron colectivos a GNC o eléctricos tomaron decisiones de inversión bajo un esquema que reconoce beneficios económicos específicos. Su eliminación modificaría esas condiciones y podría afectar los planes de renovación del parque automotor.

El debate enfrenta dos objetivos de política pública: avanzar hacia un sistema de transporte con unidades más eficientes y menos contaminantes, y proteger la industria nacional frente a la competencia de vehículos importados. Una modificación de los incentivos podría alterar ese equilibrio y reabrir la discusión sobre el peso que tendrán cada una de esas prioridades en las próximas decisiones oficiales.

Por ahora, la eventual baja de los beneficios aparece como una posibilidad en evaluación. Si se concreta, el cambio no solo impactará en la rentabilidad de las inversiones realizadas, sino que también pondrá a prueba la continuidad de las señales económicas destinadas a impulsar la incorporación de tecnologías más limpias en el transporte público.