Instituto minero respaldó la adecuación de la Ley de Glaciares y pidió mayor certidumbre jurídica y federalismo ambiental

El IADEM respaldó la adecuación de la Ley de Glaciares. Sostiene que normas más claras fortalecen la protección ambiental y respetan el federalismo constitucional.

Asimismo, advirtió que ese dominio tampoco habilita a imponer restricciones irrazonables que desvirtúen las políticas federales orientadas a una explotación racional de los recursos naturales conforme al interés general.

El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) manifestó su respaldo al proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) que se encuentra en debate en el Congreso de la Nación y sostuvo que la iniciativa no implica un retroceso en materia de protección ambiental, sino una oportunidad para fortalecerla a partir de normas más claras, previsibles y compatibles con el diseño federal establecido por la Constitución Nacional.

A través de un comunicado, la entidad especializada en derecho minero señaló que el proyecto apunta a superar ambigüedades del régimen vigente que, en la práctica, generaron interpretaciones dispares, conflictos de competencia y un escenario de incertidumbre jurídica tanto para los actores económicos como para las autoridades provinciales encargadas de aplicar la normativa.

Según el IADEM, la falta de precisión en definiciones centrales de la Ley de Glaciares debilitó la eficacia de la tutela ambiental y afectó la previsibilidad necesaria para el desarrollo de inversiones de largo plazo. En ese sentido, sostuvo que una protección ambiental efectiva debe asentarse en normas claras y precisas, lo que no implica reducir los niveles de protección, sino fortalecerlos.

Federalismo y rol de las provincias

El comunicado remarca que el artículo 41 de la Constitución Nacional faculta al Congreso a dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, pero subraya que esa potestad debe ejercerse de manera armónica con el resto del texto constitucional. En particular, cita el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Desde el IADEM afirmaron que esta cláusula convierte a las provincias en actores centrales e insustituibles en la gestión, administración y protección de los recursos naturales, incluidos los glaciares y geoformas periglaciares. En esa línea, destacaron que el proyecto de adecuación contempla una participación activa de las provincias, lo que —según la entidad— robustece el esquema de presupuestos mínimos al incorporar el conocimiento técnico, territorial e institucional de las autoridades locales.

“La participación provincial no debilita la protección ambiental, sino que la fortalece”, sostuvo el instituto, al señalar que la experiencia local resulta clave para una tutela más eficaz de los glaciares y de aquellas geoformas periglaciares que cumplen una función hídrica efectiva y relevante.

Certidumbre jurídica y protección ambiental

El IADEM aclaró que el involucramiento de las provincias no habilita conductas discrecionales ni contradicciones con el ordenamiento jurídico federal. Por el contrario, señaló que en un sistema federal las competencias nacionales y provinciales deben articularse de forma armónica, de modo que el ejercicio del dominio originario de los recursos naturales quede sujeto al cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental y a la normativa dictada por el Congreso.

Asimismo, advirtió que ese dominio tampoco habilita a imponer restricciones irrazonables que desvirtúen las políticas federales orientadas a una explotación racional de los recursos naturales conforme al interés general.

Un debate legislativo clave

En el cierre del comunicado, el Instituto Argentino de Derecho para la Minería consideró imprescindible la sanción legislativa del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares para fortalecer la tutela ambiental, brindar certidumbre jurídica y consolidar el federalismo ambiental.

Lejos de plantear una oposición entre protección del ambiente y desarrollo productivo, o entre Nación y provincias, el IADEM afirmó que el desafío consiste en articular ambos planos de manera coherente, respetando el reparto constitucional de competencias y garantizando una protección eficaz de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos.

“La protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece”, concluyó la entidad, en línea con el criterio de federalismo de concertación señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar la Ley 26.639.