Ley de Glaciares: alerta en el sector minero por el tratamiento en el Senado

El oficialismo no fijó tratamiento de la adecuación de la ley de Glaciares y priorizó la reforma laboral. Más de u$s30.000 millones en inversiones mineras quedan en suspenso. Anticipan una votación ajustada y un debate clave.

Desde CAEM sostienen que una reglamentación más clara permitiría reforzar la protección efectiva de los glaciares, reducir riesgos legales, promover inversiones, generar empleo y dinamizar las economías regionales.

Juan Pablo Scarpa (Conicet)

El oficialismo en el Senado no definió todavía el tratamiento de la adecuación a la ley de Glaciares (Ley N° 26.639) en el pleno del recinto del Congreso nacional. La iniciativa ya posee un dictamen favorable emitido por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del 18 de diciembre pasado, luego varias jornadas de exposiciones de académicos, especialistas y representantes de entidades mineras y ambientales. Tras las audiencias públicas, se decidió abrir un tiempo análisis durante enero y el tratamiento en el Senado pasó para las sesiones extraordinarias de verano en febrero.

Sin embargo, el oficialismo decidió poner todos los cañones y esfuerzos en la aprobación de la reforma laboral y por ahora no fijó fecha para tratar la adecuación de la ley de Glaciares (ver aquí proyecto original). Aunque en un principio se planificó debatirla el mismo 11 de febrero antes de la reforma laboral, pero ahora se modificó la estrategia y se decidió que la "modernización" a la leyes del trabajo se discutan en soledad. Se estima que ese tratamiento -y arduo debate capítulo por capítulo- puede implicar varias horas de sesión. Por ahora, se evitó que la ley de Glaciares quede en segundo lugar y tenga más tiempo para que los senadores se interioricen bien del tema. Una alternativa es tratarla en otra sesión especial el miércoles 18 de febrero. No está decidido.

La actualización de la ley de Glaciares debería tener los votos suficientes del oficialismo y sus aliados para que luego vaya a Diputados, aunque nada está dicho. Esta iniciativa vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para la minería, el ambiente y el desarrollo productivo en la Argentina. Más de u$s30.000 millones en inversiones mineras dependen de esta ley.

El texto recoge reclamos históricos de las provincias cordilleranas y cuenta con el respaldo político explícito de los gobernadores que integran la Mesa del Litio (Salta, Catamarca y Jujuy) y la Mesa del Cobre (San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza).

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¿Una ley por otra ley?

En el Congreso negaron una "negociación" abierta por la ley de Glaciares entre el Gobierno y los gobernadores de provincias mineras, que piden no bajar el Impuesto a la Ganancias por temor a otra reducción de la coparticipación. Las fuentes sí admiten "conversaciones y reuniones informales" donde se habla de todos los temas. Y no se descarta que si hay acuerdo con gobernadores, la ley de Glaciares se podría sumar a último momento en el temario del 11 de febrero.

Los mandatarios (Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, por ejemplo) alertan por un impacto negativo en sus provincias si se aprueba la reforma laboral con esa baja de Ganancias. El CEPA estimó que el costo fiscal de la reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades asciende a u$s2.279 millones al año, y que se benefician 15.474 empresas grandes por u$s2.099 millones. Al mismo tiempo, calculó esta medida así como está en la reforma laboral provocará una merma promedio por coparticipación en la provincias de 2,7%.

Según pudo saber Energy Report, en el sector minero auguran una votación ajustada, pero contundente (alrededor de 40 a favor en Senado y unos 150 en Diputados), aunque se ilusionan con tener un respaldo legislativo mayor, para lograr más consenso a la hora de defender la adecuación en la Justicia.

Ante una eventual sanción definitiva en marzo próximo, en la industria se descarta una posterior judicialización. El paraguas para la lluvia de amparos judiciales que se avecinaría en las provincias es simple: la Corte Suprema ya dijo que la adecuación de la ley de Glaciares no era un tema judicial, sino que es un tema que debía resolver la política. Y Nación y provincias ya lo acordaron y resolvieron.

Una adecuación que apunta a brindar certidumbre y seguridad jurídica

Desde el Poder Ejecutivo insisten en que la iniciativa no implica la creación de una nueva ley ni una flexibilización de los estándares ambientales. La propuesta oficial es presentada como una corrección técnica y de competencias destinada a ordenar la aplicación de una norma que, en su estado actual, genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Según remarcan, el proyecto no deroga la ley vigente ni modifica sus prohibiciones centrales.

El objetivo, explican, es clarificar su alcance, reforzar el rol de las provincias y dotar de mayor precisión jurídica y operativa al régimen ambiental, sin afectar proyectos en marcha ni inversiones ya aprobadas, incluidas aquellas encuadradas en el RIGI. Tal como anticipó Energy Report, el texto recoge reclamos históricos de las provincias cordilleranas y cuenta con el respaldo político explícito de los gobernadores que integran la Mesa del Litio (Salta, Catamarca y Jujuy) y la Mesa del Cobre (San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza).

Para el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM), la iniciativa no implica un retroceso en materia de protección ambiental, sino una oportunidad para fortalecerla a partir de normas más claras, previsibles y compatibles con el diseño federal establecido por la Constitución Nacional.

Glaciares: un debate que promete ser intenso en el Congreso

El tratamiento legislativo, sin embargo, anticipa un fuerte cruce de posiciones. Organizaciones ambientalistas advirtieron que cualquier modificación de la Ley de Glaciares significaría un “retroceso significativo” en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y reclamaron que no se introduzcan cambios que debiliten la norma vigente. En ese marco, Greenpeace lanzó una campaña de presión directa sobre cinco legisladores que, según la entidad, concentran hoy el “poder real de decisión” sobre el futuro del proyecto.

Adecuación de ley de Glaciares. Para el oficialismo, se trata de una corrección necesaria para ofrecer reglas claras, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible en un sector clave para la economía argentina.

IANIGLA

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en tanto, subrayan que el sector no impulsa la derogación de la ley, sino que busca fortalecer su cumplimiento efectivo y aportar previsibilidad a inversiones de largo plazo, sin resignar protección ambiental.

En la misma línea se expresaron los proveedores mineros, que respaldaron una adecuación de la normativa con foco ambiental. “Necesitamos cuidar los glaciares, por eso también vemos muy bien que participen las provincias en ese trabajo, para manejar su bien propio que son los recursos y sus minerales”, señalaron desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).

La postura del Gobierno nacional frente a la ley de Glaciares

El Gobierno defiende la adecuación como una norma aclaratoria y no regresiva, orientada a ordenar su aplicación y reducir la incertidumbre jurídica, sin tocar las prohibiciones centrales ni afectar proyectos en curso. Fuentes oficiales que participaron en la redacción del texto enviado al Congreso lo sintetizan de manera directa: “No es una ley nueva, es una ley aclaratoria para tener una mejor interpretación”, y remarcan que la iniciativa responde a reclamos históricos de las provincias cordilleranas.

Desde la Casa Rosada explican que el proyecto persigue un doble objetivo estratégico: asegurar la protección efectiva del agua y respetar el federalismo establecido en la Constitución Nacional. “El objetivo de la ley es garantizar un ambiente sano y respetar la autonomía federal, y como sostuvo la Corte Suprema, también respetar el federalismo de concertación”, afirman.

En ese sentido, la propuesta se apoya explícitamente en los artículos 41 y 124 de la Constitución. “Respetar la autonomía provincial no es un capricho, es un mandato constitucional”, enfatizan, al tiempo que rechazan de plano las lecturas que hablan de una flexibilización ambiental.

El Ejecutivo también busca despejar dudas sobre el impacto en las inversiones y el marco regulatorio vigente. Insisten en que el proyecto no desprotege el ambiente, sino que aclara alcances y cumple con un mandato constitucional. Además, aseguran que la adecuación no tendrá efectos retroactivos: de aprobarse, no se modificarán los RIGI ya aprobados ni las Declaraciones de Impacto Ambiental vigentes, ni habrá implicancias sobre el Acuerdo de Escazú.

Para el oficialismo, se trata de una corrección necesaria para ofrecer reglas claras, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible en un sector clave para la economía argentina.

Qué plantean las organizaciones ambientalistas

Un amplio frente de organizaciones ambientales -integrado por Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Jóvenes por el Clima- advirtió que la iniciativa representa un retroceso significativo en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y reclamó que no se introduzcan cambios que debiliten la normativa vigente.

Las entidades señalaron que la reforma llega en un contexto de crisis climática e hídrica y podría poner en riesgo la seguridad del agua para más de siete millones de personas. Recordaron que Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas sobre más de un millón de kilómetros cuadrados, y subrayaron el rol clave de estos ecosistemas en la regulación de caudales y el sostenimiento de las cuencas durante períodos de sequía.

Además del impacto ambiental, cuestionaron la constitucionalidad del proyecto al considerar que vulnera el artículo 41 de la Constitución, así como los principios precautorio y de no regresión ambiental. También advirtieron que delegar en las provincias la definición de qué glaciares y áreas periglaciales deben protegerse rompería el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales y habilitaría criterios dispares para sistemas hídricos que no reconocen fronteras políticas.

Desde el ambientalismo insistieron en que el ambiente periglacial no es un “territorio vacío”, sino un espacio con biodiversidad y procesos ecológicos esenciales, y alertaron que su degradación implica una pérdida irreversible de agua almacenada en profundidad. En ese marco, cuestionaron que el “valor hídrico relevante” quede sujeto a evaluaciones administrativas provinciales, al considerar que carece de sustento científico y podría abrir la puerta a nuevos episodios de contaminación.

Por último, recordaron que la ley de Glaciares es una norma pionera a nivel mundial, ratificada por la Corte Suprema, que ya permitió frenar más de 40 proyectos extractivos en zonas sensibles. A su entender, debilitarla no impulsará un desarrollo sostenible, sino que incrementará la vulnerabilidad climática, la pérdida de reservas hídricas y los costos sociales y económicos en el mediano y largo plazo.

La posición de las empresas mineras

Desde CAEM reiteran que el sector no promueve la derogación de la Ley N.º 26.639, sino una adecuación técnica que mejore su aplicación. La norma establece los presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica relevante, considerados reservas estratégicas de agua.

El planteo de la industria apunta a avanzar hacia definiciones más precisas -especialmente en torno al ambiente periglacial- con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica actual, fortalecer el cumplimiento efectivo de la ley y brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo, sin comprometer la protección ambiental.

La entidad remarca que en Argentina la minería está prohibida sobre glaciares y que ningún proyecto en operación se desarrolla en esas áreas. Además, todos los emprendimientos deben atravesar evaluaciones de impacto ambiental, con controles provinciales, monitoreos periódicos y auditorías, a lo que se suman estándares internacionales de sustentabilidad aplicados por muchas compañías.

El debate técnico se centra en que no todo ambiente periglacial cumple una función hídrica relevante, por lo que se propone una delimitación basada en criterios científicos que permita distinguir con claridad las zonas a preservar de aquellas donde podrían desarrollarse actividades productivas responsables.

En ese marco, el sector destaca el carácter federal del régimen: mientras la Nación fija los presupuestos mínimos ambientales, las provincias -propietarias de los recursos naturales según la Constitución- son las encargadas de otorgar permisos, fiscalizar y controlar los proyectos. Desde CAEM sostienen que una reglamentación más clara permitiría reforzar la protección efectiva de los glaciares, reducir riesgos legales, promover inversiones, generar empleo y dinamizar las economías regionales.

Para la cámara que preside Roberto Cacciola, la protección de las reservas hídricas estratégicas y el desarrollo productivo no son metas contrapuestas, sino complementarias, siempre que exista diálogo federal, reglas claras y criterios técnicos sólidos.