El debate por el "compre local" en la minería volvió a escalar tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Durante su exposición, el funcionario afirmó que las normas provinciales que priorizan la contratación de empresas locales “encarecen los costos” y sugirió que deberían revisarse.
Proveedores mineros cruzaron a Federico Sturzenegger por el compre local
La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) respondió con dureza al ministro de Desregulación, quien cuestionó las normas de “compre local” en minería en IDEA.
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“Cuando Dios creó los Andes, puso todo el cobre y el oro de un lado y nada del otro. Esa sería la hipótesis uno. Hipótesis dos: somos unos pelotudos”, ironizó Federico Sturzenegger.
La respuesta llegó con fuerza desde el interior. La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) difundió un duro comunicado titulado “Los proveedores del interior no somos pelotudos”, en el que acusan al ministro de desconocer la historia reciente del sector y de poner en riesgo el entramado productivo que las provincias construyeron durante más de dos décadas.
“Usamos la palabra pelotudos porque parece que al ministro le gusta. Y queremos que sepa que no somos pelotudos”, replicaron los representantes del sector, que agrupa a más de 2.000 pymes proveedoras de servicios e insumos para la minería en todo el país.
La defensa del territorio y el valor local
En el texto, FAPROMIN recordó que las leyes de compre y contrate local fueron sancionadas por las provincias “para proteger su territorio, sus industrias y la actividad minera”, luego de experiencias negativas donde el ingreso de contratistas extranjeros no dejó desarrollo local. “Abrir la puerta a proveedores foráneos nos pone a los argentinos a competir bajo una desigualdad tremenda. Una empresa chilena o peruana viene, cumple su contrato y se va, sin generar valor en la comunidad”, advirtieron.
Desde la entidad también señalaron que los recursos naturales son de dominio provincial, según la Constitución Nacional, y que las normas locales fueron clave para obtener la licencia social que permitió el avance de la minería en provincias que antes la rechazaban, como Catamarca o Mendoza. “Si la política desde Buenos Aires mete la mano, complica la actividad y afecta las cadenas de valor del interior”, sostuvieron.
Los proveedores remarcaron que las pequeñas y medianas empresas del sector “trabajaron al costo durante años” para que la minería fuera aceptada por las comunidades, y que desregular el sistema sería “retroceder a los tiempos del vale todo”, cuando las operaciones pasaban por las provincias “sin dejar desarrollo local ni empleo calificado”.
Las palabras que encendieron la polémica
Durante su exposición en IDEA, Sturzenegger había destacado el potencial minero argentino, comparando al país con Chile, pero lo hizo con una frase que generó malestar: “Cuando Dios creó los Andes, puso todo el cobre y el oro de un lado y nada del otro. Esa sería la hipótesis uno. Hipótesis dos: somos unos pelotudos”, ironizó.
El ministro agregó que “si Argentina tiene equilibrio fiscal y derecho de propiedad, van a venir las inversiones mineras”, y que el país podría pasar de exportar u$s4.000 millones a u$s50.000 millones en minerales, como Chile.
También insistió en que “no hay que aislarse a nivel provincial” y que las normas de compre local “encarecen el costo”, lo que según su visión limita la competitividad del sector.
Además, desafió a los empresarios por su inacción ante la “libertad” que asegura haberles devuelto el Estado. “El Gobierno les da la libertad para diseñar el contrato laboral que quieran, y no hacen nada, muchachos. No se entiende”, lanzó Sturzenegger en un duro mensaje.
Proveedores: “Desde Buenos Aires todo parece sencillo”
La FAPROMIN le respondió directamente a esa mirada: “Mirando desde la ciudad donde atiende Dios todo es sencillo. Pero el ministro no entiende que, cuando la política mete la mano desde Buenos Aires, complica la actividad”, replicaron.
Y agregaron: “Por favor, no meta la mano, que estamos bien. Las provincias ya aprendieron del pasado. Cambiar las reglas ahora sería poner en riesgo lo que se logró con tanto esfuerzo”.
La federación advirtió que avanzar sobre las normas provinciales no solo afectaría la producción local, sino también la estabilidad social en regiones mineras sensibles. “Los legisladores y funcionarios que aprobaron estas leyes lo hicieron con la historia sobre los hombros: vieron cómo la minería, cuando pasó sin generar desarrollo, terminó en conflictos y violencia. Esas normas existen para evitar que se repita el pasado”, afirmaron.
Un debate que crece entre fronteras y costos
El trasfondo de esta nueva controversia refleja una tensión estructural entre el desarrollo minero nacional y la apertura a proveedores internacionales. En los últimos meses, cámaras empresarias y asociaciones locales alertaron por la llegada de contratistas chilenos y otras compañías extranjeras a provincias argentinas, bajo la promesa de reducir costos operativos.
Según FAPROMIN, esa competencia “es estructuralmente desigual”, ya que las empresas foráneas no tributan ni invierten en el territorio, ni sostienen empleo permanente.
En julio pasado, la entidad ya había manifestado su preocupación por “la irrupción de empresas mineras foráneas en provincias argentinas”, y reclamó que el Estado nacional defienda el compre local como política de desarrollo federal.
“No hay que cambiar nada”
FAPROMIN cerró su mensaje con un llamado al diálogo, pero sin matices en su posición: “Señor ministro, no hay que cambiar nada. Hay que trabajar sobre lo ya logrado y mejorarlo. Representamos a miles de empresas del interior con historia y legado minero. Si quiere conocer nuestra historia, se la podemos contar desde el territorio”.
En un sector que hoy aporta más de u$s4.000 millones anuales en exportaciones y que proyecta duplicar esa cifra hacia 2030, el reclamo de los proveedores locales busca sostener la promesa de una minería con desarrollo local real. El dilema está planteado: abrir el juego a contratistas globales puede reducir costos en el corto plazo, pero amenaza con desarmar la red de pymes que sostiene la licencia social del futuro minero argentino.
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