Aborto legal en Argentina: 12 de cada 1000 mujeres accedieron a la IVE en 2022

El Proyecto Mirar lanzó un reporte en el que analiza los efectos de la Ley de Aborto Legal a casi tres años de su implementación.

La Ley de IVE fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.

La iniciativa “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal” -coordinada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health- publicó los resultados del relevamiento del cumplimiento de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, correspondiente al 2022.

Según el monitoreo, las jurisdicciones con tasas más altas de abortos son Buenos Aires, Jujuy y Salta, con 13 cada 1.000 mujeres en edad fértil, mientras que las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos IVE/ILE.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho para todas las personas gestantes hasta las 14 semanas de gestación.

Ley IVE en Argentina: cuáles son los resultados

El informe puso a la luz diversos factores positivos durante el año pasado con respecto a la implementación de la ley. En primer lugar, aumentaron un 98% los servicios de salud pública que dieron acceso al servicio del aborto, mientras que los prestadores se incrementaron un tercio, a 4.966 en 2022.

Otro aspecto destacable es la cantidad de profesionales de la salud que se capacitaron para garantizar el derecho al aborto: 500 integrantes de equipos de salud completaron el curso virtual “El aborto en la Argentina: herramientas conceptuales y operativas para la implementación plena de la Ley 27.610”, y cerca de 300 personas de equipos de salud participaron de capacitaciones presenciales en 12 provincias.

Por otro lado, la producción de misoprostol -medicamento recetado que se utiliza legalmente para la inducción del aborto- se fortaleció, con un aumento de 26.388 comprimidos en 2020 a 1.083.600 en 2022.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. El estudio advirtió sobre las desigualdades que persisten en el acceso al aborto en las distintas jurisdicciones del país. Según el Proyecto mirar, no todas las provincias producen informes de gestión para dar cuenta de las acciones y los resultados de la política de acceso al aborto.

Otro de los desafíos tiene que ver con la presencia de cartillas religiosas en algunos servicios de salud, lo que choca con el principio de imparcialidad y neutralidad que debería prevalecer en este tipo de procedimientos.

Una de las conclusiones del monitoreo es que la política de acceso al aborto generó “prácticas ejemplares” en cuanto al diseño, implementación y evaluación, y a la provisión de servicios de salud. Entre enero y septiembre de 2022, las provincias informaron 59.267 interrupciones en condiciones seguras en el sistema público de salud.