Aníbal Fernández aseguró que busca evitar acciones delictivas a través del control de celulares

Los equipos celulares se deberán reempadronar por un tema de "seguridad", para evitar que sean utilizados en secuestros extorsivos, virtuales y distintas situaciones delictivas, explicó ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.

Esta idea del Gobierno de "reglamentar el uso del celular", tiene "una razón de seguridad", sostuvo el ministro, al tiempo que garantizó que "nadie que tenga un celular de buena fe tendrá inconvenientes en registrarlo".

"En situaciones como intento de secuestros extorsivos, secuestros virtuales o situaciones de acciones delictivas en casas, siempre participa un celular, una herramienta muy simple de conseguir y utilizar", argumentó Fernández en diálogo con la prensa.

Según dijo, el Gobierno busca "cerrar el circuito para que el mercado negro desaparezca" y poder "realmente perseguir" a quienes están involucrados en él.

"Cuando se pierda o se robe un celular se va a hacer la denuncia inmediata y ese teléfono no va a poder tener más uso, no va a poder ser rehabilitado", aseguró Fernández.

El Gobierno decidió que los teléfonos celulares deberán empadronarse, y quien quiera comprar un aparato nuevo tendrá que registrar hasta sus huellas digitales.

Sólo quedarían exceptuados de este reempadronamiento unos 3,5 millones de usuarios con planes pospagos, es decir quienes reciben a fin de mes la factura por el servicio.

"En principio ya están registrados, pero tendrán que hacer una suerte de reconocimiento, donde se ratificará su titularidad", alertó el funcionario.

El ministro de Justicia argumentó que "es imperioso registrar los datos del comprador para tener una relación del aparato-comprador", dado que en casos delictivos se está "parangonándolo como si fuera un arma".

Según explicó Fernández, una vez que la presidenta Cristina Kirchner firme el decreto correspondiente y sea publicado en el Boletín Oficial, se reempadronarán unos 30 millones de celulares, en un período de 180 días, aunque podría prorrogarse el plazo, y "a los que no se registren se le va a cortar el servicio y no existirán más", advirtió el titular de la cartera de Justicia.

En tanto, los equipos celulares que sean vendidos a partir de la vigencia de ese decreto, tendrán que declarar el domicilio y será responsabilidad de la compañía prestataria del servicio corroborar la veracidad del mismo.

El papel que pasarán a jugar las compañías será sumamente relevante en este proceso, dado que también "tendrán que compartir información sobre los aparatos robados y extraviados", explicó Fernández.

A partir de allí, se creará un "registro de usuario legítimo" que permitirá, a quienes estén incluidos en él, comparar tanto tarjetas prepagas como los chips.