Caso Agostina Páez: una ONG brasileña reclama una pena más dura tras el polémico video de su padre

CEAP, una organización que defiende los derechos humanos y la lucha contra el racismo, quiere presentarse como amicus curiae y agravar el castigo de la joven argentina.

Caso Agostina Páez: una ONG brasileña reclama una pena más dura tras el polémico video de su padre.

La situación judicial de la abogada santiagueña, Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, suma un nuevo episodio que podría agravar su panorama: una ONG brasileña exige una pena más dura y reclama una reparación “a la sociedad brasileña”.

Luego de haber pasado 75 días detenida en Río de Janeiro por realizar gestos discriminatorios en un bar de Ipanema, Páez logró regresar a Argentina luego de pagar una fianza de u$s18.500. Sin embargo, su frente legal en el país vecino podría agravarse.

La complicación surgió tras la viralización de un video filmado en un bar de Santiago del Estero, en el que se observó a Mariano Páez, padre de la abogada, imitando los mismos gestos racistas por los que su hija fue procesada.

La complicación surgió tras la viralización de un video filmado en un bar de Santiago del Estero, en el que se observó a Mariano Páez, padre de la abogada, imitando los mismos gestos racistas por los que su hija fue procesada.

Aunque el hombre negó la veracidad del material y sugirió que podría tratarse de un contenido generado con inteligencia artificial, el Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (Ceap) tomó las imágenes como una prueba clave.

En esa línea, la ONG sostuvo que el episodio no fue un hecho aislado, sino que responde a una conducta arraigada en el núcleo familiar.

Una ONG busca endurecer la sanción de Agostina Páez

El Ceap, con 37 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, solicitó presentarse en la causa como amicus curiae. Su objetivo es endurecer la sanción vigente, que actualmente contempla un resarcimiento cercano a los 39.000 dólares (equivalente a 120 salarios mínimos) para las víctimas.

En ese marco, Carlos Nicodemos, abogado de la organización, planteó que buscan no solo una indemnización por daño moral, sino también una “reparación colectiva a la sociedad brasileña”. La propuesta incluye destinar los fondos de la multa a proyectos sociales binacionales.

Desde la ONG también cuestionaron la decisión del juez Guilherme Duarte de permitir que Páez continúe el proceso desde Argentina, al considerar que la Justicia priorizó esa posibilidad por sobre la reparación integral de las víctimas.

Actualmente, el proceso atraviesa la etapa de alegatos finales, mientras la Justicia brasileña debe definir si acepta la incorporación del Ceap al expediente, una decisión que podría resultar clave para endurecer la sentencia final contra la abogada, tal como reclaman distintos sectores civiles.