Condenan a un inspector porteño a un año de cárcel por pedir coimas a comerciantes

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El hecho ocurrió el pasado 24 de julio de 2013, mientras realizaba tareas en su condición de inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Cámara de Casación porteña confirmó la condena a un año de prisión en suspenso para un ex inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por "exacciones ilegales", mediante el pedido de coimas a comerciantes para evitar labrarles actas de infracción.

La Sala Tres del máximo tribunal penal local ratificó la condena impuesta a Cayetano Colantuono, quien además sufrió la inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos durante dos años.

Los jueces Mario Magariños, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone rechazaron un recurso de la defensa contra la condena, por lo que sólo queda por delante una instancia de eventual revisión, la Corte Suprema de Justicia.

Según se desprende del expediente, los hechos por los que fue condenado el ex inspector porteño ocurrieron el 24 de julio de 2013 cuando realizaba tareas "en su condición de inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de Defensa y Protección del Consumidor".

Acompañado de otro agente del gobierno porteño, "para quien era su primer día de trabajo en funciones de inspección", recorrió diferentes negocios ubicados en el área conformada por las avenidas Olivera y Rivadavia.

"En cuatro de ellos, tras constatar diferentes irregularidades, reclamó a sus propietarios o encargados entrega de diversas sumas de dinero -al primero $300, al segundo $250, al tercero $200 y al último $200- con el objeto de que éstos eludieran el pago de las multas que hubiesen correspondido abonar ante la autoridad municipal", describe el expediente.

Ese dinero, que "finalmente recibió", fue utilizado "en provecho propio".

En primera instancia, Colantuono había sido condenado en 2014 de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por el delito de "concusión reiterado (cuatro hechos)".

Pero Casación modificó la figura, la cambió por "exacciones ilegales" y abrió la posibilidad de que la condena fuera reducida a la mitad.

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