Confirmaron condena de 25 años a Nicolaides

La Cámara Federal porteña confirmó la pena de 25 años de prisión del ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides por los secuestros y las desapariciones de miembros de la organización Montoneros entre 1979 y 1980, aplicada al cabo del primer juicio contra militares tras la derogación de las denominadas leyes del perdón.

Así lo resolvió la Sala II del Tribunal con las firmas de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al confirmar la pena de Nicoalides que tramitó bajo el viejo código penal escrito y que en diciembre pasado dictó el juez federal Ariel Lijo.

Estas acciones fueron cometidas para reprimir la denominada "contraofensiva" que la organización Montoneros intentó realizar ante la dictadura militar a fines de los ´70, con el objetivo de resistir el gobierno de facto.

La Cámara lo hizo al rechazar varios pedidos de nulidades formulados por la defensa de Nicoalides y otros represores, quienes entre otras cosas cuestionaron el testimonio brindado en el juicio por las sobrevivientes o familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad.

"Lo cierto es que los datos y formas que presenta el informe (obtenido en los archivos de la Policía bonaerense) se compadecen con la mecánica de la política de Estado desarrollada por las autoridades de gobierno durante el período 1976-1983, en la que el silencio y la ocultación constituían una herramienta de poder", señalaron Cattani e Irurzun.

Los jueces relataron que "los secuestros y desapariciones forzadas que constituyen parte del núcleo de la acusación se produjeron, en su mayoría, durante los primeros meses de 1980, entonces gobernaba el país la dictadura militar instaurada entre 1976 y 1983, mediante lo que se dio en denominar como el "Proceso de Reorganización Nacional", que llevó adelante una práctica sistemática y generalizada tendiente a la persecución de parte de la población civil local por motivos políticos".

"Las pruebas de la causa indican que en esos meses de 1980, un grupo de personas que se encontraba en el exilio decidió retornar al país a través de diferentes medios y pasos fronterizos", explicó el fallo, y agregó que hubo personas "que fueron interceptadas y secuestradas por personal del Ejército Argentino en distintas zonas del país".

En ese sentido, afirmaron que "la calificación de asociación ilícita es la que mejor describe en nuestro orden jurídico interno la conducta de quienes han realizado de manera deliberada y consciente un ejercicio criminal de la soberanía estatal en la perpetración de sus crímenes".

En la extensa resolución de casi 90 páginas, los jueces hicieron un exhaustivo relato de cómo fueron detenidas y desaparecidas cinco de las seis víctimas de esta causa, entre ellas el hijo del actor Marcos Zucker, Ricardo.

Las otras víctimas fueron Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Julio César Genoud, Verónica María Cabilla y Silvia Noemí Tolchinsky, quienes, a excepción de esta última, todos continúan desaparecidos.

La desaparición de ellos fue "el producto de un plan cuidadosamente elaborado con la finalidad de localizar y detener a determinadas personas, mantenerlas en cautiverio en centros clandestinos especialmente preparados para ello, sometiéndolas a interrogatorios a través de prácticas inhumanas y degradantes previamente concebidas con el objeto de obtener información y utilizar a esos mismos individuos para señalar o "marcar" a quienes conocieran en función de su militancia política".

Sin embargo, los camaristas advirtieron que "las evidencias de la causa revelan que estas prácticas no se limitaron a los seis sucesos que constituyeron el objeto de análisis".

Además de confirmar la pena a Nicolaides, los camaristas confirmaron las condenas de varios de los coroneles que comandaron el Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura: la de Luis Arias Duval, de 25 años; la de Waldo Roldán de 23; la de Carlos Fontana, de 21, y la de Julio "El Turco Julián" Simón de 23

Asimismo redujeron la pena de Pascual Oscar Guerrieri de 21 a 16 años, no se expidieron sobre la condena de Juan Carlos Gualco, quien en diciembre fue condenado a 23 años, y la de Santiago Hoya, este último por encontrarse fallecido.