Un edificio fue evacuado ayer por la mañana dentro del casco céntrico de la Ciudad. Hubo resistencia y escaramuzas, pero luego todos aceptaron el pago de una indemnización y se retiraron.
En uno de los desalojos más grandes que se produjeron en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, 270 familias accedieron ayer a abandonar un edificio del barrio porteño de Montserrat. Cuarenta de ellas se resistieron en un principio a aceptar las condiciones y finalmente admitieron el acuerdo que incluía un subsidio de 16 mil pesos para cada familia.
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No fue fácil el trámite porque alrededor de 40 familias tomaron ante la presencia policial una actitud hostil de resistencia y accedieron una vez que no vislumbraron otra posibilidad que aceptar la «indemnización» ofrecida. La firmeza policial y la actitud de los habitantes del edificio generaron un clima de tensión entre uniformados y vecinos, que en un momento pareció terminar en enfrentamiento de proporciones.
Finalmente, tras varias horas de discusión, las familias que se resistían a dejar el edificio de Bolívar y Moreno acordaron con el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Carlos Regazzoni, la desocupación del sitio.
Desde muy temprano, una importante cantidad de efectivos de la Policía Federal, varios de ellos del Cuerpo de Infantería, comenzó a rodear el inmueble para hacer efectivo el desalojo. Sin embargo, cerca de 40 familias del bloque que habitaba el edificio de Bolívar 331 se negó a abandonar el lugar y fue el momento más difícil, cuando se registraron corridas e incidentes, y un enfrentamiento con los agentes de las fuerzas de seguridad, lo que generó momentos de tensión entre la Policía y aquellos que se negaban a cumplir lo dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Civil número 42, a cargo de José Silvera.
Algunas de esas familias exigían un subsidio de 30 mil dólares para comprar una casa, situación que trababa cualquier tipo de negociación. La decisión del pago de una indemnización había sido pactada entre la Justicia y el Gobierno porteño, dado el carácter peligroso del edificio y a que sus propietarios habían proyectado una construcción nueva en el lugar.
El importe que recibieron las familias es de 16 mil pesos, que fueron abonados ayer mismo: 13.200 como subsidio entregado por el Gobierno porteño y 2.800 desde el grupo inversor que compró el inmueble. Ayer por la tarde, frente al Colegio Nacional Buenos Aires, las autoridades locales instalaron una cabina para cumplir con lo pactado.
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