Destituyen al juez que adjudicó muerte a ablación de órganos

El Jurado de Enjuiciamiento de Misiones destituyó ayer por unanimidad al suspendido juez civil Carlos María De la Cruz, quien en octubre del 2006 sentenció en un fallo que una niña había fallecido cuando le ablacionaron los órganos y no por un accidente automovilístico.

El Tribunal misionero acusó a De la Cruz por "grave daño al sistema de salud y violación a la ley nacional de trasplantes", lo que abarca la figura de "mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo".

La defensa del ahora ex magistrado anunció que apelará la sanción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque "no se respetaron los derechos del acusado".

De la Cruz había sido suspendido luego de que en octubre de 2006 sentenció en un fallo civil que la muerte de la niña Agustina Bernasconi, atropellada por un autómovil, no fue causada por ese accidente sino por la ablación de sus órganos.

La sentencia despertó polémicas y puso en duda la veracidad de los operativos de donación de órganos que organiza el Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de Ablaciones e Implantes (INCUCAI).

En esa oportunidad el ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que el magistrado había tenido "una actitud demencial, porque autorizó la donación de órganos y después culpó a la familia por lo que pasó".

González García opinó que De la Cruz cometió "un delito de alcance colectivo mucho más grave, que es erosionar la confianza pública sobre la donación de órganos cuando la Argentina está en plena campaña para impulsarla".

En el fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Misiones se determinó que la sentencia de De la Cruz fue "arbitraria, carente de fundamento" y que evidenciaba un "desconocimiento del derecho, del que se apartó para beneficiar a una de las partes".

La defensa de De la Cruz apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que "no se respetaron los derechos del acusado", por lo que consideró "irregular" todo el proceso de destitución del polémico magistrado.

De la Cruz fue denunciado por su polémico fallo por el abogado de la familia Bernasconi, Julio González Schlinka, y por el presidente de la Asociación Civil Esperanza de Vida, Hugo Maciel.

Los pedidos de destitución habían sido planteados por familiares de personas en espera de trasplantes de órganos y por Maciel, quienes entendieron que el fallo del magistrado desalentó la donación de órganos en la provincia de Misiones.

González Schlinka adelantó: "Analizaremos ahora los pasos a seguir" y comentó que pese al dolor que significa perder una hija, "los padres de Agustina están viviendo un momento de serena alegría, porque se hizo Justicia".

Por su parte el presidente de la fundación civil "Salvar Vidas", Hugo Maciel, dijo a Télam que con este "fallo ejemplar", el Jurado de Enjuiciamiento "pone fin al tormento sufrido por la familia Bernasconi" "Además -continuó Maciel- restituye la credibilidad en las instituciones y renueva la esperanza de los miles de enfermos que esperan la donación de un órgano para salvar sus vidas".

Agustina Bernasconi fue atropellada el 5 de marzo de 2000 por una camioneta que transitaba a contramano por la avenida Las Calandrias, en el barrio Ignacio Abiarú, de Puerto Iguazú.

El vehículo era conducido por una chica que entonces tenía 16 años, quien fue procesada por la Justicia Penal y condenada por homicidio culposo, en un juicio abreviado.

La procuradora subrogante Amalia Benedicta Spinnato sostuvo, durante el juicio -que
comenzó el 27 de abril pasado- que el magistrado, en su sentencia civil, "desconoció la causa penal por completo".

Según la funcionaria, De la Cruz "le dio la razón a la parte demandada, que expresó en su defensa que Agustina no había muerto por el accidente sino por la decisión de los padres de realizar la ablación, que él, como juez, autorizó seis años atrás con su puño y letra".

Durante el debate declararon médicos que atendieron a la niña, los firmantes del acta de defunción por "traumatismo encefalocraneano" y los que fueron a la casa del juez De la Cruz a pedir la autorización legal para la ablación.