Resignados pasajeros de subterráneos pagaron ayer las consecuencias de la "solidaridad gremial". La empresa deslindó responsabilidades porque se trató de "temas ajenos a su relación laboral con sus trabajadores".
Los conflictos gremiales en salud, transporte y bancos amagaron ayer con atenuarse al cabo de una jornada en la que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como vocero del Gobierno los calificó de «interesados y promovidos políticamente». Sin embargo, pese a la intervención política del gobierno, comisiones gremiales internas amenazaron con más paros: los trabajadores del Hospital Gutiérrez, que empezaron ayer con huelgas por acto reflejo con el Garrahan, y los estatales en SENASA (Secretaría Nacional de Sanidad Animal) lo anunciaron para los primeros días de mayo.
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De todos modos, Alberto Fernández descartó que el actual cuadro de conflictividad gremial «sea una escalada», aunque puso énfasis en sostener «que algunos paros como el de LAFSA no están vinculados con lo laboral». También sobre el paro en el Garrahan fue contundente: «En muchos casos, esos reclamos tienen contenidos políticos partidarios e interesados. La comisión gremial interna y su titular deberán responder ante la sociedad». La respuesta gremial no se hizo esperar: una asamblea al caer la tarde ratificó la continuidad del paro hasta la medianoche del viernes, poniendo a ese nosocomio en una situación de emergencia.
A la embestida de este Fernández se acoplaron el otro Fernández, Aníbal, ministro de Interior; y de Salud, Ginés González García, quienes desde distintos ángulos condenaron a las conducciones de los gremios en paro. Pero no sólo fueron declaraciones. También el gobierno, a través de la cartera laboral, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación Bancaria y los bancos Nación y Provincia.
Anoche, los dirigidos por Juan José Zanola acataron la orden ministerial. También Carlos Tomada dispuso que se habilitaran las paritarias para los reclamos de los enfermeros del Garrahan.
Para González García «este conflicto está contaminado de activismo político» y acusó al jefe de la comisión interna de ATE en el hospital «de cobrar un sueldo de 3.000 pesos para tener licencia gremial y parece que quiere ganar 6.000». Los trabajadores tienen muy buenos sueldos y ahora recibieron una oferta concreta y positiva» en alusión a la oferta de un incremento de 300 pesos que propuso el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los huelguistas pusieron como condición que ese aumento se sume al básico y se declararon en «estado de asamblea» en espera de la respuesta oficial.
Las medidas de fuerza anunciadas por gremios en solidaridad con los empleados de LAFSA y del Hospital Garrahan representan «un desprecio por la actividad que uno está llevando a cabo. Lo que no podemos hacer es aceptar que estas teóricas solidaridades hagan de un país una joda», aseveró Aníbal Fernández al responder sobre el paro de una hora que habían anunciado los empleados de los subtes, quienes sólo concretaron la medida de fuerza por 30 minutos. El ministro rechazó la posibilidad de impulsar un nuevo aumento salarial por decreto y reiteró que el gobierno «podría llegar a regular los reclamos por vía de la legislación».
El titular de la cartera política aseguró que «el gobierno no actúa por espasmos ni mucho menos por presiones de estas características. Comprendemos que muchos de los reclamos sectoriales deben ser atendidos, pero esto no significa que uno tenga que dar un aumento».
