El "Malevo" Ferreyra se suicidó frente a las cámaras

El ex comisario tucumano Mario "El Malevo" Ferreyra se suicidó de un disparo, cuando Gendarmería Nacional fue a detenerlo en el marco de una causa por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Según informó en una conferencia de prensa el comandante principal Osvaldo Calderón, la fuerza recibió una orden judicial para detener a Ferreyra y se dirigió a una casaquinta que el ex policía tiene en la localidad de San Andrés, a 15 kilómetros de la capital provincial.
.
Cuando los gendarmes estaban mostrando la orden de allanamiento a familiares de "El Malevo", escucharon un disparo y al ingresar a la casa lo hallaron herido de gravedad en un mangrullo, aseguró el jefe del Escuadrón 55 de Gendarmería.

Según Calderón, Ferreyra debió ser bajado del lugar con sogas y fue trasladado al Hospital Centro de Salud de San Andrés, pero cuando estaba siendo operado en el quirófano, murió.

El jefe del Escuadrón desmintió versiones iniciales acerca de que en la casa se había producido un tiroteo y remarcó que "no se realizo ningún disparo por parte de la Gendarmería", ya que cuando Ferreyra se mató, todavía no se había dado la orden de ejecución" del allanamiento.

"Los gendarmes nunca mantuvieron contacto con Ferreyra", subrayó Calderón, quien se negó a dar más detalles porque la investigación abierta por el hecho, a cargo de la fiscal de turno María del Carmen Carrizo, está bajo secreto de sumario.

Nacido el 17 de junio de 1945 en Los Pereyra, un pueblito del interior tucumano, "El Malevo" Ferreyra se ganó la fama de policía duro y desafió permanentemente los límites de su profesión.

En 1963, con 18 años, ingresó a la Policía Tucumana, donde fue escalando cargos hasta ser designado Jefe de la Dirección de Investigaciones, en 1990.

Pero se hizo famoso y su figura alcanzó notoriedad a nivel nacional cuando encabezó un reclamo de la fuerza policial, que decidió autoacuartelarse, y se lo veía con un sombrero blanco, camisa negra y largas patillas.

Un año después, el 10 de octubre de 1991, participó en un operativo que terminó con la muerte de tres delincuentes en la Laguna de Robles, hecho por el que fue juzgado y condenado a prisión perpetua a fines de 1993.

La Justicia determinó que Ferreyra los había arrestado ilegalmente, que los mantuvo escondidos y finalmente los ejecutó a balazos, pretendiendo hacer aparecer el hecho como un enfrentamiento.

Horas después de escuchar su condena, el 14 de diciembre de 1993, "El Malevo" se escapó de Tribunales armado con una granada y amenazando con hacerla explotar.

Tres meses después, fue capturado en el paraje santiagueño de Zorro Muerto, lugar donde se había refugiado junto a su esposa, María de los Angeles Núñez, varios años menor que él.

A fines de los '90, el entonces gobernador de Tucumán y ex represor Antonio Bussi, le redujo la condena en dos oportunidades y eso le permitió al ex policía comenzar a salir con permiso para trabajos extramuros a partir de 1998.

Lejos de la fuerza policial, Ferreyra intentó rehacer su vida y hasta se ilusionó alguna vez con dedicarse a la política, pero siempre mantuvo problemas con la Justicia.

A fines del año pasado, un agricultor lo acusó de haberle robado 25 toneladas de trigo valuadas en 12.500 pesos, pero Ferreyra dijo que esas tierras le pertenecían a su esposa.

Hace unos días, el juez federal subrogante Daniel Bejas libró una orden de detención contra Ferreyra y el ex comisario Camilo Orce en el marco de una causa que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

El juez pidió a Gendarmería que cumpla con la detención, ante la negativa de Ferreyra de comparecer en la causa.

"Me declaran prófugo y estoy aquí. Si viene Gendarmería que me acribillen, ya no me interesa. Están arruinando a mi familia con todo esto", fueron las últimas declaraciones realizadas por el "Malevo", horas antes de quitarse la vida.

Según el ex comisario, esa causa fue armada en su contra porque hay muchos intereses económicos, ya que "cobran 250.000 pesos por cada preso o desaparecido y detrás de todo esto hay jueces, abogados y organismos de Derechos Humanos", resaltó