Es ley controvertido acuerdo con Australia por reactor nuclear

La Cámara de Diputados convirtió finalmente hoy en ley el controvertido acuerdo bilateral mediante el cual la Argentina debe completar la construcción de un reactor nuclear en Australia y realizar en el futuro el reciclaje de los desechos de esa planta.

Los detractores del convenio -que durante la madrugada de hoy fue votado por mayoría y a mano alzada pese a que varios diputados pidieron que se hiciera en forma nominal- subrayaron que el tratamiento de "desechos" nucleares en la Argentina es "violatorio" de la Constitución nacional, que en su artículo 41 prohibe su ingreso al país.

El acuerdo fue alcanzado a mediados de 2000 para construir, en un plazo de cinco años y medio y a un costo de 180 millones de dólares, un reactor nuclear, similar al que ya se desarrolló en Egipto, que permitirá producir radioisótopos, que se utilizan en medicina.

Por esos días, el anuncio fue realizado por Fernando de la Rúa, que disfrutaba de su primer año de gobierno y ponderaba la tarea de la empresa rionegrina estatal Investigaciones Aplicadas (Invap).

Invap fue elegida antes que otras empresas con las que compitió por el proyecto -como la alemana Siemens, la canadiense AECL y la francesa Technicatome- que se lleva a cabo en la localidad de Lucas Heights, en Sydney.

La defensa del acuerdo en el Congreso quedó a cargo del titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Jorge Argüello, quien aseguró que el material que utilice la planta australiana y sea tratado en la Argentina "regresará a Australia y no quedará ni un gramo de él en el país".

"El artículo 12 del acuerdo -donde se detalla que la Argentina tratará el material nuclear utilizado por Australia- no es contrario a la Constitución, porque la Carta Magna no prohibe el ingreso de material gastado sino de desechos radiactivos", explicó Argüello.

El diputado justicialista señaló que "hasta ahora se construyó el 85 por ciento de la planta nuclear" y precisó que el reactor produce "medio metro cúbico por año de elementos combustibles gastados que van a pesar 96 kilos".

"Si se piensa que el acuerdo tiene un plazo de 40 años, producirá 20 metros cúbicos, pero eso regresará a Australia", agregó.

Los cuestionamientos llegaron desde un sector del radicalismo, que expresó Luis Molinari Romero, quien se opuso a su correligionaria Liliana Puig de Stubrin.

"La Convención de Viena, que fue aprobada luego de la Constitución reformada de 1994, expresa las diferencias entre un combustible gastado y un residuo nuclear", dijo Puig de Stubrin y respaldó el planteo de Argüello.

La diputada radical señaló que "el problema es que la Argentina no tiene política para sus propios residuos" y consideró: "Estamos construyendo un problema que no existe".

La diputada arista Marta Maffei se opuso terminantemente al acuerdo nuclear al destacar que "lo que está en discusión es si la Constitución permite o no el ingreso de residuos peligrosos" y realizó un pormenorizado análisis de los proyectos que respaldaron el acuerdo.

"Había 10 proyectos, 8 los rechazaban y sólo dos los respaldaban, uno de Ricardo Bussi y el otro era de De la Rúa, (Chrystian) Colombo y (Adalberto) Rodríguez Giavarini, el Poder Ejecutivo", detalló Maffei.

La diputada y ex gremialista docente dijo que ante un pedido suyo, la empresa que construye el reactor en Australia le explicó que "se emplean elementos llamados combustibles que luego de un tiempo deben ser reemplazados, esos elementos combustibles gastados pueden ser utilizados en otros, o reacondicionarlos".

Pero aclaró que se trata -según reconoció la empresa- de "material radioactivo", que debe recibir un "almacenamiento seguro".

"No explotan pero matan, contaminan y son altamente peligrosos, y están prohibidos por la Constitución", enfatizó Maffei.