Falleció la mujer española que pidió la eutanasia

Inmaculada Echeverría, una española de 51 años que padecía distrofia muscular progresiva y que luchó para lograr la eutanasia, murió al ser desconectada del respirador que la mantenía con vida, informaron las autoridades.

La muerte voluntaria de Echevarría fue el final de una vida condicionada por la enfermedad por la que estuvo las últimas dos décadas postrada en una cama de un hospital y que un año después de la fallecer su marido la obligó a dar en adopción al hijo de ambos, hace 27 años.

La decisión del gobierno regional de Andalucía de desconectar ayer el respirador que le posibilitaba a Echeverría seguir con vida reabrió el debate sobre la eutanasia, una práctica considerada ilegal en España, informó el diario El País.

En tanto, las autoridades de Andalucía que "aceptaron la solicitud de Inmaculada, dictaminaron que no se trataba de un caso de eutanasia, sino de una interrupción voluntaria del tratamiento terapéutico, algo que permite la ley".

"La mujer fue sedada y después se le retiró la ventilación mecánica, lo que causó su fallecimiento minutos después", aseguraron los médicos encargados de interrumpir el tratamiento de Echeverría.

Para Echevarría, que ya sólo podía mover los músculos de la cara y las puntas de los dedos, la muerte significaba libertad.
Y lo dejó claro en su último testimonio público, recogido por el diario español.

"Para ser libre tienes que luchar", dijo, al tiempo que animó a otros en su situación a no darse por vencidos: "esto sirve para que la gente no tenga miedo, que no se rinda, que luche." El caso desencadenó duras críticas de la jerarquía católica cuando el cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, consideró que sí se trataba de eutanasia.

En cambio, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a la que pidió asesoramiento la tetrapléjica, afirmó que el caso de Echevarría "abre la puerta a otros enfermos que quieran exigir sus derechos dentro de los límites que marca la ley".

César Caballero, portavoz de la organización, explicó que se trató de un caso de "eutanasia pasiva indirecta", que en el Código Penal no constituye un delito, porque no se trata de poner fin a una vida sino de interrumpir el tratamiento por voluntad del paciente.