13 de agosto 2010 - 23:00

Fiscal pidió investigar a funcionarios porteños por la muerte de un bebé

Ya hay tres médicos procesados en la causa.Ya hay tres médicos procesados en la causa.
Ya hay tres médicos procesados en la causa. Ya hay tres médicos procesados en la causa.

La fiscalía de instrucción Nº 24 de la Capital Federal pidió investigar la presunta responsabilidad de los funcionarios del gobierno porteño, sobre todo del área de salud, a raíz del nacimiento de un feto sin vida porque no había anestesiólogos para someter a la madre a una cesárea de urgencia en febrero de 2008.

Fuentes judiciales confirmaron que, a su vez, por este mismo caso, el fiscal Sandro Abraldes pidió elevar a juicio oral y público a tres médicos del Hospital Santojanni.

Los imputados resultaron ser el ex director del centro médico, Alberto Motta; el jefe del Departamento de Urgencias, Héctor Di Salvo; y el Jefe de la División Anestesia, Marta Baldrich por su responsabilidad en el hecho.

"Toda vez que de los descargos de los acusados surgiría la desidia de ciertos integrantes del sistema de salud implementado por el Gobierno de la Ciudad, pese a que habrían existido signos palpables de la gravedad de la situación, corresponde extraer testimonios de los presentes actuados en orden a esclarecer la responsabilidad de los funcionarios de gobierno, específicamente, de los funcionarios del Ministerio de Salud", pidió la fiscal en su escrito.

La investigación hacia los funcionarios había sido solicitada por el abogado de los tres médicos, Vadim Mischanchuk, al reclamar la inocencia de sus clientes y responsabilizar a las autoridades del Gobierno porteño por la falta de nombramiento de anestesistas.

Sobre las medidas pedidas por la fiscalía el abogado Mischanchuk, quien si bien aseguró que aún no fue notificado, explicó que una vez hecho contará con "seis días para oponernos o adherirnos a ellas, mientras tanto estamos esperando la posibilidad de ampliar la indagatoria del Jefe de Urgencias para tratar de revertir esta situación antes del juicio oral. Lo concreto es que ninguno de mis defendidos tenía el dominio del hecho".

Para la fiscal, Di Salvo, Motta y Baldrich "exhiben capacidad de culpabilidad", y al respecto remarcó que ellos "detentan el desarrollo y madurez de la personalidad suficientes y sus condiciones biopsíquicas le han permitido conocer la licitud o ilicitud de sus acciones u omisiones y obrar conforme a ese conocimiento".

Los tres "estaban en condiciones de adoptar una resolución de voluntad conforme con la norma que le exigía tutelar el bien jurídico vida, y pese a ello, no lo hicieron", según la fiscal. En junio de este año, la Cámara del Crimen había confirmado los procesamientos por "homicidio culposo" contra los tres médicos, y les trabó embargos sobres sus bienes por valor de 200.069, 67 pesos.

El hecho tuvo lugar cuando Marcela Suárez concurrió el 8 de febrero de 2008 en el Hospital Santojanni con un embarazo de 31 semanas, lugar donde quedó internada por recomendación médica ya que el niño era prematuro.

A los dos días, Suárez tuvo una contracción y "se constató que en el apósito puesto había restos de meconio, por lo que de inmediato la trasladaron a la sala de parto".

Según la investigación, "a las 6.15 del sábado 10 de febrero de 2008, no había en el Hospital Santojanni tan siquiera uno de los tres médicos anestesiólogos que por entonces se exigía como dotación diaria del Departamento de Urgencia".

Ante la ausencia de anestesiólogos, Suárez iba a ser trasladada a otro centro sanitario, aunque ello no ocurrió y a cambio un profesional del Hospital Tornú concurrió al Santojanni pero el feto ya había nacido sin vida, a causa de una "anoxia o hipoxia fetal intrauterina".

"Más allá de la crítica situación sanitaria a que hicieron referencia (los médicos), lo cierto es, que en virtud de las obligaciones inherentes a sus puestos, resulta inaceptable que hubieran omitido adoptar las medidas que estaban a su alcance para el efectivo cumplimiento de esa exigencia", según destacó la Cámara al confirmar los procesamientos dictados en primera instancia por el juez de instrucción Luis Rodríguez.

Los médicos "tenían el deber de adoptar, mediante un quehacer activo, las medidas contundentes a que la guardia del hospital contara con todos los medios técnicos y humanos para afrontar situaciones como estas", según esa resolución.

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