9 de abril 2013 - 22:42
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Axat, quien solicitó la investigación sobre las víctimas, dijo a Télam que "el personal del lugar impidió que se lleve adelante una diligencia judicial que había sido dispuesta por el juez" Arias, incurriendo en "un grave delito".
"El fundamento de los trabajadores es que no tenían una autorización del ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, y que por ello no podían permitir el acceso de la justicia, pero este hecho incurre en un delito penal, ya que se impidió el acceso al juez en el marco de una causa que se sigue", precisó.
Luego anticipó que harán "una denuncia penal, porque una autoridad administrativa no puede impedir el acceso a un lugar a un juez que viene desarrollando una investigación. Entendemos y así lo garantizan las leyes que si el acto judicial es válido y no ha sido frenado en forma judicial, no se puede impedir su realización".
"Desde el punto de vista legal va a implicar una denuncia a los responsables de haber impedido el acceso. Me imagino que habrá consecuencias penales muy severas", señaló. La requisitoria "se iba a realizar ya que recibimos muchas denuncias de gente que dice que hay muchos cadáveres en la morgue, y que hay un olor nauseabundo porque no están bien alojados, pero pese a eso no nos dejan entrar", explicó.
"A mi entender, esta posición tan enérgica de impedir el acceso genera todo tipo de sospechas, que son las que yo como impulsor de esta denuncia tenía al momento de presentar esta denuncia", señaló Axat.




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